Cesar a alcalde de Morelos y juzgarlo, ordena la Corte

El perredista Carlos Martínez y la tesorera Liliana García, del municipio de Zapata, fueron omisos en devolver dinero cobrado indebidamente mediante impuestos, determinan los ministros.

México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación del presidente municipal perredista de Emiliano Zapata, Morelos, Carlos Eduardo Martínez Varela, por no acatar una sentencia de amparo.

Este mismo alcalde fue investigado el año pasado por la Procuraduría General de la República (PGR), junto con su antecesor en el cargo, Alberto Figueroa, y la esposa de este último, Catalina Ríos, ya que existían señalamientos que los vinculaban al crimen organizado.

Sin embargo, Martínez Varela rechazó tener algún tipo de vínculo con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

Ahora, el pleno de la Corte determinó cesarlo del cargo, al igual que a la tesorera de ese municipio, Liliana García Ortega, por no cumplir con sentencias de amparo que les ordenaba la devolución de dinero que fue cobrado de manera indebida a través de diversos impuestos.

Martínez iba a concluir su encargo en enero próximo, pero ahora deberá enfrentar a la justicia. Como el delito del que se le acusa no es grave, podrá enfrentar su proceso en libertad, bajo el pago de una caución.

Ambos funcionarios tampoco cumplieron con el pago, de alrededor de cuatro millones de pesos, a una empresa constructora que realizó obra pública en el ayuntamiento.

El ministro José Ramón Cossío Díaz narró a sus homólogos que una mujer obtuvo un amparo el 12 de agosto de 2014, juicio que causó ejecutoria el 2 de septiembre de ese mismo año.

La autoridad responsable, en este caso la tesorera municipal de Emiliano Zapata, tenía que devolver a la quejosa en principio las cantidades de 11 mil 740 pesos por concepto de impuesto sobre la adquisición de bie-
nes inmuebles.

Además, mil 761 pesos, equivalente al 15 por ciento, por apoyo educación; 587 pesos, equivalente a cinco por ciento Prouniversidad; y 587 pesos, equivalente a cinco por ciento Proindustria, derivado del recibo oficial emitido el 16 de junio de 2009.

Cossío señaló que las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia de amparo fueron omisas en acatar el fallo, no obstante los diversos requerimientos que se les hicieron.

El ministro comentó que la titular de la Tesorería y el presidente municipal fueron requeridos por el juez, así como por el tribunal colegiado y por el presidente de la Corte a cumplir con la sentencia.

"En este contexto se establece que las referidas autoridades han sido omisas en cumplir el fallo protector e incluso justificar las causas del incumplimiento. De ahí que el proyecto proponga declarar fundado el incidente de inejecución de sentencia y, en consecuencia, aplicar las sanciones mencionadas", manifestó.

Durante la sesión, el ministro Fernando Franco González Salas propuso que para dar cumplimiento a la sentencia de amparo y a la reparación del daño se debe requerir al nuevo presidente municipal y tesorero que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se notifique esta resolución, den cumplimiento a la senten-
cia dictada.

Sin embargo, advirtió: "Hay que considerar que la resolución se tiene que dictar de inmediato para su cumplimiento y pudiera ser que el proceso para que lleguen los nuevos funcionarios pudiera ser no inmediato.

"Consecuentemente, los diez días que se dan a partir de la notificación de la resolución podría afectar... podría haber ahí un desfase de días entre la notificación y la toma de posesión de los nuevos servidores públicos".