La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, por la detención arbitraria, retención ilegal y cateo ilegal contra tres personas, dos hombres y una mujer, la cual también sufrió tortura; así como cateo ilegal contra otras cuatro víctimas, entre ellas, dos menores de edad y un adulto mayor, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
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El 14 de abril de 2016 se dio a conocer en diversos medios de comunicación, redes sociales e internet, un video en que dos militares y una policía federal, interrogaron y torturaron a una mujer. Por la trascendencia del caso, la comisión inició de oficio el expediente de queja CNDH/2/2016/2793/Q.
Una semana después recabó las quejas de otras dos personas, que dijeron fueron detenidas en las mismas circunstancias que la mujer, por lo que se inició el expediente CNDH/2/2016/3863/Q, que se acumuló al primero por tratarse de hechos relacionados, explicó el organismo en un comunicado.
Tras diversas diligencias, la CNDH contó con indicios y evidencias para acreditar que el 4 de febrero de 2015, en las primeras horas del día, militares ingresaron a una casa y detuvieron a las tres personas, sin contar con mandato expedido por autoridad competente. En la vivienda también estaban las otras cuatro víctimas: la madre de la mujer torturada, dos hijos de ésta de 8 y 6 años de edad, y el propietario del inmueble, de 74 años.
Los tres agraviados fueron llevados ante la autoridad competente 17 horas después de su detención; primero fueron trasladados a instalaciones militares donde, según declaración de la mujer torturada, fue golpeada por tres mujeres, dos vestidas con uniforme del Ejército y una con el de la Policía Federal. En un cuarto fue obligada a desnudarse y recibió más agresiones, y fue interrogada por un hombre con uniforme militar.
También fue llevada a un taller mecánico abandonado, donde continuó el interrogatorio sobre armas y personas; al no proporcionar información la amenazaron con dañar a su familia; la mujer policía la obligó a hincarse, la esposó con las manos hacia atrás y le colocó una bolsa de plástico en la cabeza e intentó asfixiarla en dos ocasiones, cubriéndole con la mano boca y nariz. Posteriormente la trasladaron en una patrulla a Iguala, Guerrero, y en el trayecto la uniformada le dio toques eléctricos en una pierna en cuatro ocasiones.
La opinión médico psicológica especializada, emitida por la comisión en el caso, basada en el "Protocolo de Estambul", concluyó la existencia de una afectación psicológica y emocional directamente relacionada con los hechos; lo que aunado a los métodos empleados: asfixia, desnudez forzada, encapuchamiento, ejecución simulada, choques eléctricos y amenazas de daños, permitieron acreditar el sufrimiento físico y psicológico grave, en agravio de V1. Asimismo, se acreditó que dicho sufrimiento se le causó de manera intencional con la finalidad de obtener información.
Asimismo, la CNDH solicitó que se investigue si más servidores públicos, tanto de la Policía Federal como de la Sedena tuvieron participación, ya sea por acción o por haber tolerado tales conductas.
Acreditadas las violaciones a derechos humanos, la comisión recomendó a la Sedena y a la CNS coordinarse para reparar el daño de forma integral a las siete personas agraviadas, colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia de hechos y de las quejas que la CNDH presente ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control de dichas dependencias contra los servidores públicos involucrados.
También, ordenar que los elementos de ambas instancias empleen, en todos sus operativos, cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio; capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos, en especial sobre prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; de las detenciones arbitrarias y cateos ilegales; ambas dependencias deberán inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso, en lo conducente, a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas.
A la CNS le pide, además, instruir a los servidores públicos de la Policía Federal para que elaboren sus partes informativos apegándose a la verdad y se fomente en ellos la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
jbh
