En 2 años, más de 100 casos de agresiones a activistas de DH

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos TDT documentó 104 casos de agresiones contra personas defensoras de enero de 2011 a diciembre de 2013.

Ciudad de México

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) documentó 104 casos de agresiones contra personas defensoras de enero de 2011 a diciembre de 2013, en los que se han registrado 409 agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos y 27 asesinatos en 24 estados.

En el informe "El derecho a defender los derechos humanos en México: Informe sobre la situación de las personas defensoras 2011-2013" se destaca que las agresiones mas frecuentes son las amenazas y amenazas de muerte, las detenciones arbitrarias, las agresiones físicas, intimidaciones, la muerte violenta y la violación al derecho a la honra y la reputación.

El informe señala siete estados con mayor número de casos registrados: Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Coahuila y Puebla.

Una de las principales preocupaciones que expresa la Red TDT es la ausencia de investigación y sanción a los perpetradores de las agresiones y violaciones a los derechos humanos. A pesar de las denuncias, impera la impunidad en las distintas instituciones de gobierno, lo que permite la continuidad de este ciclo de injusticia y violencia. La creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) por parte del gobierno federal, no ha dado respuesta efectiva y pronta a las necesidades de protección y prevención de las y los defensores y continua siendo un reto el diseño de una política de prevención y protección.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del Estado en el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la población en general, impactan de manera indiscutible en el trabajo de las personas defensoras. Es indispensable reconocer la importante labor que realizan, prevenir acciones que afecten su trabajo e investigar y sancionar a quienes obstaculizan o impiden el legítimo y necesario ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, como lo señalan las diversas recomendaciones que en la materia ha recibido el Estado mexicano por parte de diversos mecanismos internacionales.