La investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición de dos agentes de su institución y un elemento de la Policía Federal está a punto de dar un vuelco, porque se ha documentado que ninguno de los tres servidores públicos se encontraba cumpliendo labores ministeriales cuando se les perdió el rastro.
Funcionarios del gobierno federal revelaron que la clave en esta pesquisa radica en el policía federal Marco Antonio Álvarez Gómez, de 34 años y con rango de suboficial, quien mantenía una gran amistad con el agente del Ministerio Público Federal Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar.
Este último es uno de los agentes ministeriales que participó en la investigación que culminó en la liberación de la maestra Nayeli Elizabeth García Vargas, secuestrada el 22 de julio de 2016, caso que provocó impacto nacional porque la mamá de la víctima se hincó entre llanto para rogarle al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que le ayudara a rescatar a su hija plagiada en Hidalgo.
Los funcionarios consultados manifestaron que Marco Antonio Álvarez era un policía táctico, que participó en algunos operativos y cateos que ejecutó la PGR.
No obstante, en las últimas semanas el agente solo se dedicó a cubrir guardias en el área de División de la Policía Federal; de igual manera, se pudo establecer que residía en Morelos.
Los funcionarios aseguraron que cuentan con registros electrónicos que demuestran que Antonio Álvarez arribó la noche del pasado 24 de enero a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), en la colonia Guerrero, perímetro de Cuauhtémoc, Ciudad de México.
En el mencionado lugar, agregaron, Álvarez esperó a su amigo Rodríguez Cuéllar y al agente ministerial Víctor Andrés Vilchis Retana, este último que hace unos meses estuvo en Tamaulipas para participar en diligencias relacionadas con temas de secuestros, investigaciones que encabezó otro agente del MPF.
Indicaron que los dos servidores públicos de la PGR se saludaron con el agente federal y nunca abordaron sus automóviles particulares, los cuales permanecían estacionados en el mismo lugar donde los dejaban habitualmente, es decir, a un lado de la Seido.
Hay registros, puntualizaron, de que afuera de esta dependencia los tres servidores públicos tomaron un taxi de los que hacen sitio en las inmediaciones de la subprocuraduría; el seguimiento de las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México revela que viajaron de manera directa a Morelos.
Se presume que su viaje a esa entidad fue para “mantener una reunión” con alguna persona, a la que todavía no se ha podido identificar y sin que se conozca el motivo del encuentro.
Uno de los desaparecidos, enfatizaron, también tenía problemas personales con su esposa.
Los funcionarios abundaron que ni el agente federal ni los agentes del Ministerio Público Federal que laboran en la Unidad Antisecuestros fueron asignados a alguna diligencia, por lo que su desaparición ocurrió después de terminar su jornada de trabajo.
El asunto se hizo público porque familiares solicitaron la ayuda de medios de comunicación que cubren la información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a quienes aseveraron que los agentes de la MPF realizaban labores contra el narcotráfico, versión que, afirmaron los funcionarios federales, no es cierta.
El automóvil del policía federal fue localizado calcinado en el municipio morelense de Huitzilac, localidad que limita con la delegación capitalina de Tlalpan.
