Hace 28 años en la Ciudad de México se instaló la primera agencia especializada en atender delitos sexuales, para brindar servicio personalizado a víctimas de violación y otros delitos sexuales. Hoy son instituciones olvidadas, no se ha procurado la capacitación del personal y su actuación irregular se agravó con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, afirman expertas.
A diferencia de los Ministerios Públicos (MP) comunes, estas agencias buscaban dar servicio integral, al adaptarse a las necesidades y características de las víctimas, desde el momento de su declaración hasta su canalización a los servicios médicos y al acompañamiento psicológico.
Hoy su actuación es “decepcionante”, afirma quien fue subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General capitalina (PGJDF) en los años 90, Bárbara Yllán Rondero. “Como abogada, como gente que ha trabajado en el sistema de justicia, estoy decepcionada; no me puedo imaginar lo que padecen las víctimas, una profunda indignación, decepción, desasosiego; viven en una cultura de la desesperanza”, dice en entrevista con Cimacnoticias.
LA IDEALIZACIÓN
Las agencias no nacieron como propuesta de la PGJ, recuerda la abogada, sino de la Dirección General de Protección y Vialidad (hoy Secretaría de Seguridad Pública), que creó en 1988 el Centro de Orientación y Apoyo a Personas Violadas (Coapevi), el cual brindó principalmente atención psicológica y fue coordinado por Yllán Rondero.
Coapevi desapareció y dio paso, en abril de 1989, a la primera Agencia Especializada en Delitos Sexuales, de la PGJDF, cuyo titular era Ignacio Morales Lechuga. Se ubicó en la delegación Miguel Hidalgo-Cuajimalpa, para dar acompañamiento jurídico y atención a las víctimas.
“La idea era que pudieran ser atendidas por mujeres, en situaciones muy confortables, donde no fueran revictimizadas, con privacidad y que no tuvieran que dar la declaración en circunstancias complicadas”, explica Yllán.
La creación de instancias de este tipo, pioneras en el país, fue un logro del movimiento feminista y de las organizaciones civiles, como el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas y el Colectivo contra la Violencia a las Mujeres, que atendían a víctimas de violación sexual en la década de los 80 y exigieron al Estado garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Lograron también reformas al Código Penal federal, por lo que aumentaron las sanciones por delitos sexuales y en los tres años siguientes se instalaron tres agencias más. Luego fueron replicadas en el país; actualmente operan 99 (Inegi 2016).
Hoy existen seis agencias especializadas en esos ilícitos, bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la PGJ, en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc.
SIN VOLUNTAD NI INTERÉS
A más de dos décadas de creadas y regidas por el nuevo Sistema de Justicia, las agencias no operan con eficiencia, explica Yllán, por varios factores: “un capital humano desinteresado”, la desatención del gobierno a este delito y la falta de renovación institucional. Así lo observó cuando fue subprocuradora y directora del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA).
“El nuevo sistema se creó para acabar con un MP decadente, y ¿qué ha pasado? ¡Le ha servido para ser más decadente y para zafarse de sus responsabilidades!”, recalca Yllán, porque la idea de brindar un trato caluroso y de respeto a las víctimas se perdió ante la falta de capacitación del personal. Las agencias se convirtieron en un espacio donde se coloca a funcionarios “como castigo”, por ello “no tienen voluntad, ánimo ni interés en servir a las víctimas”, dice.
En ello coincide la directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Martínez Hernández, quien sabe cómo operan las agencias, por testimonios de víctimas que acuden a la organización, ante la desconfianza en el sistema.
“El personal de las agencias revictimiza a las mujeres, el proceso de denuncia puede tardar hasta 12 horas y a ello se suman elementos como la falta de atención médica y de contención inmediata”, afirma Martínez Hernández, quien lleva 27 años de trabajo con víctimas de violencia sexual.
Adivac atiende semanalmente a 500 víctimas de violencia sexual, mientras la PGJ, según su quinto informe de labores, de marzo de 2015 a febrero de 2017 abrió mil 261 carpetas de investigación y averiguaciones previas por el delito, dos diarias.
SIN ESPECIALIZACIÓN, MALA INVESTIGACIÓN
Explica Laura Martínez que sin personal que cuente con experiencia para realizar las investigaciones, el acceso a la justicia para las mujeres se estanca. “Te piden cierta especialización en el tema y nadie tiene experticia. Un psicólogo que trabaja con adultos que vivieron violación sexual atiende a menores de edad. No hay manera de que estén especializados”, dice.
Yllán agrega otro factor determinante: la corrupción entre personal del MP y asesores jurídicos de las víctimas. “No litigan en favor de ellas, les piden que desistan”.
El reflejo, coinciden ambas expertas, son carpetas de investigación mal integradas y pocas sentencias. La PGJ informa que por el delito de violación, de 2016 a febrero de 2017, fueron puestas a disposición 174 personas, pero no señala cuántas sentencias.
REINGENIERÍA INSTITUCIONAL
Yllán y Martínez afirman que la clave para reanimar estas instituciones está en la capacitación y renovación del personal, que tenga voluntad y especialización en atención a víctimas de violación y otros delitos sexuales, pues ya existen espacios físicos, legislación y presupuesto.
Sensibilización y capacitación real, dice Laura Martínez, que “les permita entender lo que vive una víctima de violación”.
Para Yllán Rondero, urge una “reingeniería institucional”, porque las instituciones deben transformarse a la par de los cambios legislativos, “si no se adaptan al sistema se quedan en modelos antiguos”.
En la próxima entrega hablaremos de los Centros de Terapia y Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, que dan atención psicológica en la CdMx.
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