Urge adecuar el sistema preventivo, señala académico

El catedrático expuso el caso de Baja California, el cual hace cuatro años se encontraba en la posición que ahora goza Jalisco y, que mejoró su sistema judicial.

Guadalajara

Por delitos menores las penitenciarías están sobrepobladas y los tapatíos gastan cantidades inmensas en mantener a estos delincuentes presos, cuando aún crímenes mayores como homicidios tienen un 56 por ciento de impunidad, reiteró Guillermo Zepeda, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

Jalisco sigue sin ajustarse al nuevo sistema de justicia penal, ya que durante el año pasado resolvió por medios alternativos tan sólo mil 300 asuntos, cuando en otros estados se resuelven 25 mil, es decir, en nuestro estado apenas se resuelve el 1.5 por ciento de la carga de trabajo del sistema penal, detalló Zepeda.

Añadió que después de robos y lesiones, el delito que más origina el inicio de investigaciones penales es “daño a las cosas” derivado de acciones de tránsito, cuando éstas se deberían de solucionar por conciliación, sin necesidad de llegar a los tribunales. Destacó que en el 2014 se trasladaron 9 mil 800 asuntos de daños a las cosas al Ministerio Público, mil 800 expedientes se llevaron a tribunales y 900 a sentencia, lo que representan 153 millones de pesos (cinco veces más del presupuesto asignado a justicia alternativa) en criminalizar este acto delictivo, que bien podría clasificarse como accidente, pues no hay lesionados o ingesta de alcohol.  

Contrastó que en el Distrito Federal tan sólo 384 casos llegaron a averiguación previa. “Son más inteligentes sobre los recursos, aquí hay una sobrecriminalización”, por lo que aprovechó para hacer un llamado a las autoridades judiciales para que se invierta más en prevención, pero también para que se depuren las prisiones, pues Jalisco es uno de los estados con una sobrepoblación carcelaria. Puente Grande está a 320 por cieto de su capacidad.

El catedrático expuso el caso de Baja California, el cual hace cuatro años se encontraba en la posición que ahora goza Jalisco y, que mejoró su sistema judicial.

Entre las buenas prácticas que señala, se encuentra la integración de un sistema de medidas cautelares, en donde las personas verifican la información en una audiencia pública y no en un catálogo de delitos graves. Puso el ejemplo de tres jóvenes que robaron dos desodorantes de una farmacia en Guadalajara y fueron capturados por delito grave bajo los lineamientos de que al ser tres individuos se trataba de una asociación delictuosa. Los chicos fueron enviados a Puente Grande. Esa acción, costó al erario público 12 mil pesos de averiguación previa; 16 mil de proceso penal y 220 pesos diarios de prisión, en total de 60 mil pesos por cada joven.

Expresó que las autoridades de la entidad deben dejar de considerar que “si las personas observan mayor número de detenciones supondrán mayor seguridad”.

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA CUESTAN MÁS DE $19 MIL

Patricia de Obeso, representante del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) en México, reveló que del 2011 al 2014, hubo una baja considerable en la tasa de homicidios, de 16.4 a 11.4, sin embargo, esa mejora se ha vuelto marginal en el último año y aún es el delito que más cuesta a la entidad.

“Representa mayores costos por todo lo que implica al gobierno y a la ciudadanía en términos de funerales y justicia, porque además calculamos las pérdidas económicas para una familia, que se queden sin un ingreso o sin un miembro tiene costos a lo largo de los años”, dijo.

La investigadora detalló que el año pasado, la violencia afectó a la economía mexicana en un monto de 3 mil millones de pesos, equivalente a 17.3% del PIB, lo que está relacionado en costos directos e indirectos del gasto en contención de la misma, ya que en la entidad es de 19 mil 565 pesos por habitante. “En términos de si es o no es razonable, es más bien proponer si se está invirtiendo de manera eficaz y en que se está invirtiendo”, añadió.