Tortura, “desafío para todas las autoridades”

El documento está dividido en tres capítulos, con el objetivo de que aprecien que no solo se limita a los casos de malos tratos.
Sesión en el pleno de la Suprema Corte.
Sesión en el pleno de la Suprema Corte. (Javier García)

México

A pesar de los avances que México ha realizado para mejorar la situación de los derechos humanos, el estado que guarda la tortura en el país sigue siendo un desafío para todas las autoridades, señala un documento de la Suprema Corte.

En el denominado Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, se menciona que el Poder Judicial tiene la obligación de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos y, consecuentemente, le corresponde adoptar una postura asertiva para combatir la tortura.

El presidente de la Corte, Juan Silva Meza, presentará hoy el protocolo que está dividido en tres capítulos, con el objetivo de que los juzgadores aprecien que éste no solo se limita a casos de tortura, sino también considera otros delitos o malos tratos relacionados, como el encubrimiento, la intimidación o el cohecho.

Asimismo, busca ser una herramienta con un conjunto de criterios orientadores y análisis de casos específicos e hipotéticos que permitirán catalizar las acciones judiciales ante este tipo de ilícitos o violaciones a los derechos humanos.

El delito de tortura, se subraya, no se presenta en forma aislada, sino que suele ir acompañado, precedido o secundado por otros ilícitos penales y violaciones a los derechos humanos, que constituyen su campo de cultivo.

“Asimismo, en el desarrollo de los temas, se hará referencia a elementos de la teoría del delito, en la medida que la misma permite extender la acción de la justicia no solo a los delitos conexos o relacionados con la tortura, sino a conductas activas y omisivas de participación y encubridoras, imputables a agentes colaterales, subordinados o superiores jerárquicos de quienes directamente se ensucian las manos”.

De acuerdo con el protocolo, la tortura suele percibirse como un acto de otras épocas, de países muy alejados y con gobiernos antidemocráticos o como incidente en la trama de historias o películas, sin dar cuenta de su magnitud y sin ofrecer explicación de su habitualidad en nuestro país.

“Si bien se argumenta que (la tortura) es un acto desprovisto de razón o barbárico, al mismo tiempo se lleva a cabo desde la máxima expresión histórica de la organización humana: el Estado. Por tal motivo es que resulta tan impactante y contradictoria. Ello explica que se busque minimizarla, ocultarla o justificarla como un medio para fines mayores, e incluso como un instrumento para hacer justicia”, abunda.

En el capítulo dos del protocolo  se mencionan las reglas de actuación dirigidas principalmente a los jueces de procesos penales para intervenir con la debida diligencia en aquellos casos en que se juzguen delitos de tortura y conexos que han llegado a su conocimiento; es decir, que han sido judicializados.

El texto

“Sabemos que, dada la enorme cifra negra o delitos no reportados, estos casos constituyen una muestra casi insignificante si se les compara con el universo de los existentes, cuya magnitud es difícil de cuantificar, y de ahí la importancia a la pregunta ¿cómo prevenir y sancionar la tortura?”, señala el documento.

El capítulo tres contiene orientaciones no solo para los jueces de procesos penales, sino también para los de ejecución penal, los de amparo y para el Poder Judicial en su conjunto, a fin de contribuir a garantizar el acceso a la verdad a víctimas de la tortura y delitos vinculados.