En Tlatlaya, 4 tiroteos con delincuentes en este sexenio: Sedena

Reporta 22 agresiones en nueve municipios de la zona contra militares, que dejaron siete detenidos, un efectivo castrense fallecido y uno herido.

México

Antes de que soldados del 102 Batallón de Infantería mataran a 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, en este municipio del Estado de México el Ejército había registrado tres enfrentamientos con delincuentes en el actual sexenio, de acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenido por MILENIO.

Los incidentes forman parte de un total de 22 “agresiones” perpetradas en la entidad contra personal de la zona militar a la que pertenecían los siete efectivos sometidos a juicio por la muerte de civiles armados la madrugada del 30 de junio de 2014, tres de ellos acusados de ejecutar a sospechosos que se habían rendido.

Mandos de la Sedena dijeron que la región en la que han ocurrido la mayoría de los choques armados (en los que participaron elementos de la 22 Zona Militar, que tiene bajo su mando el 102 Batallón de Infantería) es de alta peligrosidad.

Se trata, dijeron, de un “corredor” del narcotráfico que comprende el Estado de México y Guerrero, donde convergen grupos antagónicos como La Familia, Los Templarios, Los Zetas y el cártel de Jalisco Nueva Generación, entre otros.

Autoridades conocen a Tlatlaya como el “infierno”, por estar ubicado en Tierra Caliente, en los límites con Guerrero (cerca de Arcelia), en un área de intensa actividad criminal por tráfico de drogas, homicidios, secuestro y extorsiones.

El reporte de la Sedena establece que como parte de las tareas de apoyo a la seguridad pública para reducir los altos niveles de violencia, el Ejército mantiene desplegados en el Estado de México las operaciones “Dragón” y “Seguridad Mexiquense”, en las que participan integrantes del batallón involucrado en la presunta ejecución extrajudicial del 30 de julio contra presuntos miembros de La Familia.

Según el informe, del 1 de diciembre de 2012 a octubre de 2014 ocurrieron 22 “agresiones” contra elementos del Ejército de la jurisdicción de la 22 Zona Militar, cuyo cuartel general está en Santa María Rayón.

La dependencia, sin embargo, no reveló el número de presuntos agresores o civiles muertos en los tiroteos que se registraron en Luvianos, Tlatlaya, Valle de Bravo, Amatepec, Temascaltepec, Tejupilco, Ixtapan del Oro, Zacazonapan y Tlalnepantla, con el argumento de que la información es competencia de la PGR.

De acuerdo con la información oficial, como resultado de los tiroteos fueron detenidos siete sospechosos, un militar falleció y uno fue herido.

El primero de cuatro enfrentamientos registrados en Tlatlaya durante el presente sexenio ocurrió el 28 de diciembre de 2012 con saldo de un militar lesionado y dos sospechosos detenidos. La Sedena no proporcionó información oficial sobre víctimas fatales.

Según autoridades del Estado de México, el hecho ocurrió cuando soldados realizaban un patrullaje de rutina y presuntamente fueron agredidos con armas de fuego desde el restaurante La Pasadita, en la comunidad de San Antonio del Rosario, y que trajo como consecuencia un supuesto delincuente abatido, de unos 45 años.

El segundo se suscitó el 6 de diciembre de 2013; el tercero el 23 de marzo de 2014 y el cuarto durante la madrugada del 30 de junio de 2014, en el lugar conocido como Cuadrilla Nueva, en la comunidad San Pedro Limón, donde después de un enfrentamiento con supuestos delincuentes que estaban en una bodega, militares mataron a 22 personas.

La Sedena tuvo que admitir que hubo ejecuciones extrajudiciales en este último caso y admitió la recomendación 51/2014 emitida el 21 de octubre de 2014 por la CNDH, en cuya síntesis refiere que “(… aproximadamente entre las 0400 y 0600 horas elementos del Ejército privaron de la vida a... Érika Gómez González, de 15 años, y a 21 personas más…”

En opinión de Javier Oliva Posada, profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, era previsible que miembros del Ejército incurrieran en violaciones y delitos en la lucha contra el crimen organizado, no solo porque realizan labores de seguridad que no les corresponden y el creciente número de operaciones que efectúan, sino por la falta de compromiso de autoridades estatales y municipales para combatir la criminalidad.

Recordó que desde hace más de ocho años (12 de junio de 2005), el gobierno mexicano puso en marcha el operativo militar México Seguro para combatir la violencia en la administración de Vicente Fox, el cual establecía acciones conjuntas con las autoridades locales que a la fecha no han sido corresponsables en esta labor.

El especialista comentó que no se debe “generalizar ni atacar” al Ejército como institución, pese a los graves sucesos de Tlatlaya, pues sus miembros han demostrado ser la primera y más importante línea de contención y sometimiento de la delincuencia organizada.

Señaló que ahora lo importantes es asignar responsablemente los 25 mil millones de pesos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios presupuestados para 2015 y vigilar que el gasto se ejerza para reconstruir a las policías municipales, aunque pronosticó que hasta el 30 de noviembre de 2018 los militares seguirán en las calles y diversas zonas realizando tareas contra la criminalidad.

CNDH RECLASIFICA EXPEDIENTE

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificó el expediente del caso Tlatlaya como Investigación de Violaciones Graves a Derechos Humanos, con el fin de que las autoridades a quienes fue dirigida la recomendación 51/2014 tomen en cuenta este hecho en las acciones que realicen para dar cumplimiento a la misma.

El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, mediante acuerdo número CNDH/2/2014/5390/Q, ordenó notificar esa circunstancia a las víctimas, al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; al procurador general de la República, Jesús Murillo, y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

Desde que la CNDH conoció, por los medios de comunicación, de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, conformó un equipo de trabajo que investigó el caso.

El 11 de julio, la comisión inició de oficio el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, y dirigida a las autoridades mencionadas. (Eugenia Jiménez/México)