Exige PRD entregar a PGR a militares del caso Tlatlaya

El PRD en San Lázaro expresó su rechazo a que los ocho militares involucrados en el caso Tlatlaya sean juzgados por autoridades militares y pidieron que sean llevados ante la PGR.
La bodega en la que localizaron a 22 presuntos plagiarios en Tlatlaya.
La bodega en la que localizaron a 22 presuntos plagiarios en Tlatlaya. (Beatriz Rodríguez/AFP)

México

La fracción del PRD en la Cámara de Diputados exigió a la Secretaría de la Defensa Nacional poner inmediatamente a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) a los ocho militares investigados por la presunta ejecución de 22 probables criminales en Tlatlaya, Estado de México.

Encabezados por Miguel Alonso Raya, los legisladores perredistas expresaron su más categórico rechazo a que las autoridades militares procesen al personal castrense señalado por su aparente responsabilidad en los hechos. 

“Exigimos a la Procuraduría General de la República que establezca las responsabilidades de estos ocho elementos militares y sean puestos a disposición de un juez civil; en todo caso, la custodia de estas personas debe pasar, de manera inmediata, a esa instancia de procuración de justicia”, puntualizó la bancada.

En un comunicado, el grupo parlamentario del PRD remarcó que las recientes reformas al Código de Justicia Militar establecen que los elementos de las Fuerzas Armadas responsables de violaciones a los derechos humanos deben ser procesados ante los tribunales civiles.

“Y no existe mayor violación a los derechos humanos que el asesinato que, en caso de haber sido cometidos por agentes del Estado, configuran el tipo penal de ejecución extrajudicial, sancionado por todos los instrumentos internacionales e interamericanos en la materia”, agregó.

Remarcó que la investigación abierta por la Secretaría de la Defensa Nacional debe seguir, en su caso, independientemente del proceso en la jurisdicción civil y sin que los detenidos se mantengan bajo su custodia en la Prisión Militar del Campo Militar Número 1.

“Resulta imprescindible, en el marco del Estado de Derecho, que estos hechos sean rápidamente aclarados y que, en su caso, las dependencias del gobierno federal asuman las responsabilidades individuales e institucionales que les correspondan”, advirtió.