Suprema Corte tira el "arraigo" en el DF

Determinan que la ALDF se extralimitó en sus facultades al aprobar la reforma que permitía retener hasta por 10 días a cualquier persona investigada.
El pleno de la Corte votó por unanimidad contra la “detención con control judicial”.
El pleno de la Corte votó por unanimidad contra la “detención con control judicial”. (Especial)

México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma que permitía a las autoridades de la Ciudad de México solicitar a un juez local privar de la libertad, de cinco a diez días, a las personas que son investigadas por cualquier delito.

Por unanimidad, el pleno de la Corte determinó que el concepto denominado “detención con control judicial”, previsto en el artículo 270 bis del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, no era más que un pequeño arraigo, pero con otro nombre, figura que no está prevista en la Carta Magna.

Los ministros coincidieron en que la Asamblea Legislativa del DF se extralimitó en sus facultades, pues la exclusividad para legislar sobre el tema es del Congreso de la Unión.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea calificó de “fraude a la Constitución” la pretensión de burlar lo que marca la Carta Magna y los criterios de la SCJN.

“Tenemos el caso de que se legisla una figura muy similar al arraigo, pero se le da otra denominación para tratar, de manera poca disimulada, de salvar el criterio de la Corte, para impedir con base en la Constitución que se legisle en materia de arraigo.

“Esto técnicamente se llama fraude a la Constitución: tenemos una legislatura que legisla algo, le llama diferente, pero la figura es muy similar”, puntualizó.

El control judicial, subrayó, representa una violación clara y contundente de la Constitución y de los derechos humanos constitucionalizados de fuente internacional, porque se priva de la libertad a las personas antes de un proceso y sin una serie de garantías.

La Corte definirá la próxima semana cuáles serán los efectos de esta sentencia, es decir, si las personas que actualmente se encuentran privadas de su libertad bajo este “control judicial” deben o no recobrar su inmediata libertad.

El asunto derivó de dos acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del DF, que impugnaron la reforma publicada en la Gaceta Oficial del DF el 13 de septiembre de 2013.

Para su entrada en vigor, la ALDF tuvo que derogar el artículo 270 del mencionado código, donde se preveía la figura del arraigo; después legisló y emitió el 270 bis, pero en vez de llamarlo arraigo lo denominó “control judicial”.

La ministra ponente Olga Sánchez Cordero dijo que los dos organismos de derechos humanos señalaron que la figura de la detención con control judicial guarda los mismos elementos y efectos que los contenidos para la diversa medida cautelar de arraigo prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal.

Por ello consideraron que con independencia de la denominación que se le dé a la figura de control judicial se encontraban de hecho frente al denominado arraigo.

El ministro Eduardo Medina Mora dijo que la detención con control judicial es inválida por no tener fundamento expreso en la Constitución Federal.

La Corte resolvió el 24 de febrero de 2014 que ningún estado del país, ni el DF, tienen facultades para legislar en materia de arraigo.

El precedente de la Corte derivó de una acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH en 2012 contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Aguascalientes, que reformaron el artículo 291 de su Constitución.

Con esta resolución, los ciudadanos en cualquier entidad que enfrentan procesos penales por delitos graves (no relacionados con la delincuencia organizada) pueden ampararse alegando la inconstitucionalidad del arraigo al que fueron sometidos.

En 2014, ninguna solicitud

Después de que la figura del arraigo era recurrente en la procuraduría capitalina, en 2014 el Ministerio Público no solicitó ninguna “detención con control judicial”.

Informes del Tribunal Superior de Justicia del DF indican que después de que los diputados locales derogaron el arraigo en octubre del 2013, la procuraduría disminuyó sus peticiones.

Todavía ese año sumaron 60 solicitudes de detención con control judicial, pero los jueces les concedieron 53.

Las estadísticas del Tribunal detallan que en 2011 el Ministerio Público pidió 168 arraigos contra personas relacionadas con delitos como secuestro, robo agravado, extorsión, delitos sexuales o trata de personas.

Un año después, la cifra disminuyó a 136 solicitudes, de las cuales les concedieron 116. Para ese entonces, el Centro de Arraigo ya era susceptible de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Actualmente, el espacio que costó 7 millones de pesos para habilitarlo con dos dormitorios, cocina, área antiestrés, baños, comedor y lavandería esta subutilizado. En la Procuraduría capitalina se informó que lo usa el personal de las fiscalías de Homicidios, Narcomenudeo y Secuestros.

(Leticia Fernández/México)