PGR sabía que indagación contra 'La reina del Pacífico' pendía de un hilo

"Testigo de oídas", la prueba más importante contra Sandra Ávila Beltrán.
Sandra Ávila Beltrán fue repatriada de EU a México en agosto de 2013.
Sandra Ávila Beltrán fue repatriada de EU a México en agosto de 2013. (Notimex/Archivo)

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República sabía que la investigación contra Sandra Ávila Beltrán, "La reina del Pacífico", pendía de un hilo desde el inicio y que su carta más fuerte era que Estados Unidos la extraditara para mantenerla en la cárcel.

En México, la prueba más importante de la PGR era un "testigo a oídas", quien aseguró que Ávila Beltrán y su pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, "El Tigre", colaboraban en el tráfico de cocaína y lavado de dinero de Ismael "El Mayo" Zambada, líder absoluto del cártel de Sinaloa.

Paulo Alejandro Espinosa Rodríguez, sobrino de "El Tigre", declaró a la PGR que supo por comentarios de terceras personas, que la pareja se dedicaba al narcotráfico, además de que su tío conocía a una persona de nombre "Nacho" (Ignacio) Coronel, éste último era una cabeza de ese cártel y que años después sería abatido durante un operativo.

Cuando la "La reina del Pacífico" fue llevada a la rejilla de prácticas del juzgado 18 de distrito de procesos penales federales en el Reclusorio Norte, el 3 de octubre de 2007, la oficial judicial la enteró de que Paulo declaró que sospechaba que su tío y ella eran narcotraficantes por la forma tan "ostentosa con que vivían", y por los negocios que ambos manejaban en Guadalajara y en otros estados del país.

Paulo nunca afirmó haber visto a "El Tigre" o "La reina del Pacífico" con narcotraficantes, sino solo lo sospechaba por la fortuna que ambos tenían.

En el expediente 108/2002 se señala que a Ávila Beltrán (también conocida como Paula Orozco Lizárraga, Pamela Fuentes León, Sandra Luz Arroyo Ochoa o Daniela García Chávez, entre otros) se le aseguraron compañías inmobiliarias en Sonora y Nayarit, así como al menos 225 propiedades, mientras que en Jalisco se aseguraron salones de bronceado.