Resolverá SCJN validez del arraigo en Hidalgo

El artículo 132 del Código Penal refiere que el indiciado quedará arraigado bajo vigilancia de la policía en el domicilio que se señale, en el lugar en que se siga el procedimiento.
La sala del máximo tribunal de justicia en el país discutirá sobre la legislación penal del estado.
La sala del máximo tribunal de justicia en el país discutirá sobre la legislación penal del estado. (Guillermo Perea/Cuartoscuro)

Pachuca

Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirán este día invalidar el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales del estado de Hidalgo, sobre el tema de arraigo, luego de declarar inconstitucional que las entidades federativas legislen sobre esta figura jurídica, además de invalidar una reforma a la legislación penal de Aguascalientes que permitía el arraigo durante la investigación de delitos considerados como graves.

De acuerdo con información del máximo tribunal, se determinó que sólo el Congreso de la Unión puede legislar en esta materia, por lo que se dio inicio una revisión, además de la de Aguascalientes, a las legislaciones de Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León e Hidalgo, que fueron impugnadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al considerar que la retención con control judicial reproduce los elementos del arraigo aplicables a procesos en contra de la delincuencia organizada.

Legislación hidalguense

La actual ley en Hidalgo permite que “cuando con motivo de una averiguación previa el ministerio público estime necesario el arraigo del indiciado, podrá decretarlo tomando en cuenta las características de los hechos delictuosos que se le imputan y sus circunstancias personales, fundando y motivando la imposición de dicha medida cautelar”.

El artículo 132 refiere que  el indiciado quedará arraigado bajo vigilancia de la policía en el domicilio que señale en el lugar en que se siga el procedimiento y, a falta de éste o a su negativa de señalarlo, la autoridad ministerial designará el lugar del arraigo que será distinto a las áreas de detención. El arraigado deberá presentarse ante el ministerio público cuantas veces sea requerido por éste.

“El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación previa, no pudiendo exceder de treinta días salvo que las circunstancias plenamente lo justifiquen, en cuyo caso el arraigo podrá prolongarse hasta la duplicación de dicho plazo”.

Advierte de que en caso de que el indiciado quebrante el arraigo la ley considerará que existe riesgo fundado de que pretende sustraerse de la acción de la justicia, por lo tanto el Ministerio Público podrá ordenar por escrito la detención de una persona, esto con base en el artículo 118 del Código.

Derechos Humanos

El pasado tres de septiembre de 2013, la CNDH interpuso una demanda de acción de inconstitucionalidad, ante la Corte, al considerar que las adiciones al artículo 132 Código de Procedimientos Penales de Hidalgo son inconvencionales, pues permite la aplicación del arraigo que viola los Artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La CNDH argumentó que las adiciones al artículo 132 del Código  vulnera los Artículos 3, 9 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales tutelan los derechos a la libertad personal y a la audiencia previa; así como los principios pro persona, seguridad jurídica, legalidad, presunción de inocencia, prohibición de detenciones arbitrarias y debido proceso.

Poder Judicial

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo informó que habrá de mantenerse a la espera y posterior acatamiento de la resolución por parte de los ministros de la SCJN por el juicio iniciado a causa de la acción de inconstitucionalidad del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales, referente al tema del arraigo.

El magistrado presidente, Valentín Echavarría Almanza, señaló que la reforma de junio de 2011 de la Constitución Política, en particular el artículo primero de la carta magna, impone a los juzgadores de primera instancia y magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia ya no solamente resolver a la luz de la legalidad, sino realizar un estudio y resolver con el control de la constitucionalidad y convencionalidad.

Sostuvo que a pesar de la controversia en la SCJN por la inconstitucionalidad del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales, los avances que se hayan obtenido en una investigación derivado del arraigo aún pueden contener validez para efectos del proceso penal, debido a que serán los jueces quienes tendrán que deliberar la valides o nulidad de las pruebas obtenidas durante el arraigo del imputado.

“La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que no por esta resolución se habrá de determinar la nulidad de las actuaciones que se hayan practicado durante la vigencia del arraigo, el juzgador tendrá que hacer el estudio particular de cada una de las acciones que se hicieron, para determinar su eficacia o ineficacia esta es la labor que hoy los jueces a la luz de esta evolución van a atener las resoluciones”, comentó.

Claves

Resolución

- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Valentín Echavarría Almanza señaló que será hoy cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia.

- Sostuvo que los ministros en base a los criterios ya establecidos emitirán la resolución para lo cual el Poder Judicial de la entidad se muestra atento a la resolución y su emisión.

- La propia SCJN habrá de marcar los lineamientos para su cumplimiento la corte y por supuesto el gobierno del estado en especial el poder judicial habrá de atender esta resolución.