Propone Fayad castigar con cárcel a testigos protegidos "mentirosos"

Penas de cuatro a ocho años de prisión a quien mienta en un interrogatorio judicial.
Omar Fayad Meneses, senador de la República.
Omar Fayad Meneses, senador de la República. (Archivo)

Pachuca

El senador Omar Fayad presentó una iniciativa para castigar con condenas más altas a los delincuentes que, con base en testimonios falsos, pretendan convertirse en testigos protegidos.

La iniciativa, que modifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre otras legislaciones, plantea que se castigue con penas de cuatro a ocho años de prisión a quien mienta en un interrogatorio judicial, y suma a los actuales "testigos protegidos" la figura de "colaboradores".

Tendrán calidad de "colaboradores" los delincuentes que aporten datos fidedignos que ayuden a la aprehensión de otros integrantes de sus propias bandas delictivas.

La iniciativa plantea también sancionar con dos a seis años de cárcel, a quien pretenda inculpar a alguien como responsable de un delito o simule la existencia de pruebas materiales.

"Debe quitarse el valor pleno de prueba a los testimonios de los colaboradores y no se les debe conceder beneficios de reducción de condena hasta que no se ha comprobado su dicho y haya redundado en golpes certeros a la delincuencia organizada", expuso.

La ausencia de reglas procesales —explicó el senador— ha propiciado inseguridad jurídica, pues cualquiera puede ser afectado en su prestigio, posición social, política y hasta en su libertad.

El senador lamentó que la figura de testigo protegido ha servido a delincuentes para borrar delitos que han cometido y vivir a expensas del erario, "aunque para ello tengan que inventar información y condenar inocentes a la cárcel con su dicho, cuando son ellos los que debieran estar recluidos", advirtió.

Informó que la PGR investiga a funcionarios que incurrieron en excesos en el uso de la figura de "testigo protegido" y que, sin más prueba que declaraciones de presuntos delincuentes, encarcelaron a militares, mandos policiacos, entre otros, a quienes, posteriormente, no lograron probar su vínculo con la delincuencia.

El "colmo" del mal uso de esta herramienta jurídica, ejemplificó, son casos como el de José Salvador Quintanilla, alias el "Pitufo", actualmente prófugo y cercano al abatido líder de los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, a quien la anterior administración federal llegó incluso a pagarle una cirugía baypass gástrico para bajar de peso.

"Me parece el colmo, debe de haber castigo para los servidores públicos que se vieron involucrados en ese tipo de excesos. Yo sé que la Procuraduría ya está en las investigaciones necesarias para determinar eso", dijo.

"Ante el testigo protegido el Estado tiene la obligación de gastar, de darle una nueva personalidad, de darle un hogar, de darle una nueva identidad, de darle una escolta; ante los presuntos delincuentes colaboradores, no. Lo único que tiene que hacer es apegarse a los beneficios que les da la ley, pero ni dinero ni pagados ni gastándose el erario público en presuntos delincuentes que de por sí es su obligación ayudar a la justicia por el daño que ya le hicieron al pueblo de México.