Policías rurales, alternativa en las tierras de la amapola

Comisarios de 18 comunidades donde se formarán esos grupos explicaron que el objetivo no es dejar de sembrar la droga, sino de hacer frente a la violencia de los cárteles.

Guerrero

Dieciocho comunidades de la sierra de Guerrero en las que se siembra amapola formaron policías rurales para garantizar la seguridad de los habitantes, ante las disputas entre cárteles por el control de las tierras en que se produce ese enervante.

En las comunidades ubicadas en los municipios de Zumpango, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, en la zona denominada como La Sierra de Filo de Caballos, hay más de 10 mil habitantes. La economía del lugar funciona por la comercialización de amapola que, según los pobladores, es pagada entre 14 mil y 15 mil pesos el kilo.

Hace cuatro meses en la comunidad Campo de Aviación ocurrió un enfrentamiento entre bandas, que culminó cuando los pobladores incendiaron las casas de presuntos criminales.

También en enero pasado, los habitantes de la zona expulsaron a elementos de la Policía Federal y aseguraron que solo permitirán el paso al Ejército, de ahí que actualmente la vigilancia y los patrullajes en la región son realizados por ex comisarios, comisarios e integrantes de la comunidad.

En los recorridos por los poblados de Filo de Caballos, Campo de Aviación o Los Morros es fácil comprobar los enfrentamientos. Las fachadas de comisarías ejidales, tiendas de abarrotes y algunas viviendas exhiben los boquetes producto de armas de alto poder.

Por lo anterior, 18 comunidades determinaron acogerse a la ley por la que se creó la policía rural en noviembre del año pasado y, según la Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad y Desarrollo de la Sierra de Guerrero, existen otros cinco poblados que están por unirse a su movimiento.

El Congreso estatal aprobó una ley para regular la conformación de grupos de autodefensa en Guerrero. De ahí que las autoridades de los poblados de La Sierra de Filo de Caballos consideraron que ese esquema de seguridad es la respuesta a la ola de violencia que se vive en la región y, aunque se deriva de la comercialización de la amapola, aseguran que no dejarán de sembrar el enervante hasta que el gobierno proporcione proyectos productivos que sustituyan los ingresos que obtienen.

“El gobierno dice que nosotros estamos delinquiendo, dicen que somos parte de la delincuencia y a la mejor tienen razón, pero no dejan otra opción. A los tres niveles de gobierno se les ha dicho que nos están obligando a hacer eso, por lo que aquí se cultiva y que a escala nacional se sabe, el gobierno federal sabe a qué se dedica la gente de esta región. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos proyectos productivos, muy a fuerza nos mandan un doctor, nos tienen completamente abandonados. ¿De qué manera quiere el gobierno que sobrevivamos?”, arenga otro de los comisarios que solicitaron el anonimato por temor a represalias del crimen.

Durante 2013, el Ejército destruyó más de un millón 565 mil hectáreas en la sierra del Filo Mayor.

Según un informe de febrero de ese año de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la 27 Zona Militar destruyó 149 mil hectáreas de sembradíos de amapola en 2012.

También la 35 Zona informó la ubicación de 9 mil 824 plantíos de amapola en un millón 415 mil hectáreas.

El diputado presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero, Jorge Camacho, aseguró que durante la sesión en que se aprobó la creación de la policía rural, los comisarios de la sierra estuvieron presentes, además de que la legislación se avaló como respuesta a la solicitud de contar con mayor seguridad en esas comunidades.

“Ellos fueron fundamentales para la creación de la policía rural. Primero se reunieron con el secretario de Gobierno y con  algunos diputados. Su exigencia tiene que ver con seguridad, lo que por algún motivo el gobierno no les ha podido brindar”, detalló.

La ley plantea que la nueva corporación tendrá por lo menos 2 mil elementos operativos y funcionará bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública, los cuales recibirán un salario y su armamento será proporcionado por el gobierno estatal.

Asimismo, todos los elementos de la policía rural se nombrarán en asambleas celebradas en los pueblos y deben contar con el respaldo de 50 por ciento de los participantes en dichas reuniones.

Hace un año, el comandante de la 35 Zona Militar, Juan Manuel Rico Gámez, reconoció que la siembra de amapola existe en casi toda la sierra y que será muy difícil erradicar esa actividad.

“Se necesita dar a los campesinos oportunidades diferentes de siembra, con algunos cultivos que les proporcionen sus satisfactores y con ellos dejen los enervantes. Pero Guerrero tiene entre 50 y 60 años con este tipo de cultivos. El camino es generar mejores oportunidades para las comunidades”, apuntó.

Además de la creación de la policía rural, en la entidad existen otras dos organizaciones que operan un sistema de seguridad alternativo, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) creada hace 17 años y que actúa bajo la Ley 701 de Guerrero; y la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), que obra desde hace un año sin un marco regulatorio.

Para los dirigentes de la CRAC y la UPOEG, que mantienen presencia en la mitad de los municipios de Guerrero, no se puede establecer un esquema de seguridad en comunidades donde se realizan actividades ilícitas.

Cabe destacar que en el reglamento de ambas organizaciones se prohíbe la siembra, cultivo, venta o trasiego de sustancias ilícitas, además de que durante los recientes operativos de  la UPOEG ha destruido al menos tres hectáreas de amapola.


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