Piden a PGR atraer homicidio de dirigente campesina en Guerrero

Además de la muerte de Rocío Mesino, el diputado local Bernardo Ortega resaltó la necesidad de poner un alto a las acciones contra luchadores sociales en la entidad.

Guerrero

El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez solicitó que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga las investigaciones relacionadas con el asesinato de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Ortega Jiménez lamentó el atentado que segó la vida de quien fuera regidora en el municipio de Atoyac, por lo que se sumó a las voces que reclaman justicia.

“Nosotros esperamos que se dé pronto y se castigue a los responsables; porque más allá de la manera en que se manifestaba Rocío, a veces hasta intransigente, se entiende que es su forma de hacer reflexionar al gobierno”.

Agregó: “Yo creo que nadie merece la muerte por decir lo que piensa, lo que lucha o lo que se cree, ahí hubo un acto de cobardía doble; en primer lugar porque se trataba de una mujer, en segundo porque le dieron por la espalda y el asesino se mostró como un cobarde”.

Reconoció que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ya realiza su trabajo y por lo tanto, sostuvo que ninguna línea de investigación se debe desechar, tanto en lo político como lo personal.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local consideró la pérdida de Mesino Mesino como algo irreparable para la Sierra de Atoyac, pues de acuerdo con varios medios de comunicación, en los últimos días puso en marcha un comedor comunitario en el que se apoyó a familias afectadas por la tormenta tropical Manuel.

Dada la complejidad del problema, dijo que debe analizarse la posibilidad de que el asunto sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), aunque eso no implica desacreditar los trabajos de la autoridad local.

Reconoció la necesidad de poner un alto a las acciones que han terminado con la vida de varios luchadores sociales, entre ellos Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Raymundo Velázquez Flores de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) y la propia Rocío Mesino.

No descartó la posibilidad de pedir que se apliquen medidas cautelares a favor de los dirigentes de organizaciones sociales, para detener la versión de que se trata de una serie de hechos encaminada a desmantelar a los movimientos populares.

“Creo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codeehum) puede requerir el otorgamiento de medidas preventivas a favor de los dirigentes sociales, sobre todo los que ya hayan recibido algún tipo de amenaza”, enfatizó