Pide ONU ampliar las investigaciones del caso Tlatlaya

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita a las autoridades rapidez en el cumplimiento y respuesta más oportuna a sus solicitudes.
El Centro Prodh informó que los cadáveres fueron cambiados de sitio y que se les sembraron armas una vez que ya estaban en el suelo.
Los hechos ocurrieron en junio del año pasado. (Juan Pablo Becerra-Acosta)

México

A un año de la matanza de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, el Alto Comisionado de Derechos Humanos

de Naciones Unidas llamó a ampliar las investigaciones e incluir a las autoridades civiles y militares que pueden ser presuntas responsables de ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos.

A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que a un año de lo ocurrido en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México, su recomendación 51/2014 ha sido parcialmente cumplida por las autoridades destinatarias, por lo que les solicitó  mayor celeridad en el cumplimiento y respuesta más oportuna a sus solicitudes de información.

Dijo que en Tlatlaya hubo violaciones graves a los derechos humanos que lastiman a la sociedad y no debe repetirse. Para eso deben hacerse valer los instrumentos y las facultades que la ley otorga.

Cécile Pouilly, vocera del Alto Comisionado de la ONU, señaló en un comunicado que “a un año después de la matanza de 22 personas durante una operación de las fuerzas militares, según se informa contra una banda criminal en Tlatlaya, Estado de México, seguimos pidiendo justicia y reparación para las víctimas.”

Recordó que la CNDH estimó que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Tres mujeres que presenciaron el incidente presuntamente también sufrieron violaciones a sus derechos humanos, como ser detenidas arbitrariamente y torturadas.

El Alto Comisionado reconoció que aunque un oficial y seis soldados están en espera de juicio, hicieron el llamado a las autoridades mexicanas y recordaron que al igual que en cualquier caso relacionado con presuntas violaciones de los agentes de seguridad de los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad aplicable al uso de la fuerza, se requiere una investigación pronta, exhaustiva y eficaz, independiente e imparcial. La investigación de estos casos y llevar a los responsables ante la justicia es la mejor manera de garantizar que tales violaciones no vuelvan a ocurrir, precisó.

En tanto, la CNDH informó que en oficios dirigidos a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y al gobierno del Estado de México, a quienes les envió su recomendación sobre este caso, ha insistido en que las autoridades acrediten el avance de cumplimiento de los puntos recomendatorios, para lo cual deben presentar pruebas ante laa comisión.

Dijo que mantiene puntual seguimiento al cumplimiento de la recomendación señalada, al tiempo que brinda atención a las víctimas para que hagan efectivos los derechos que les asisten.

La CNDH ha enviado 27 solicitudes de información a la Sedena, PGR, gobierno del Estado de México, y en colaboración, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha recibido 29 oficios de respuesta.

Solicitó la inscripción de todos los afectados directos e indirectos en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas.

En respuesta, dicha comisión informó que registró a 43 víctimas (22 directas y 21 indirectas).

La CNDH presentó tres denuncias (ante la PGR, PGJ mexiquense y Policía Militar), y tres quejas para investigar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados, las que se encuentran en curso.  

Exhorto a Jara

La CNDH envió una recomendación al gobernador de Michoacán, Salvador Jara, por la inadecuada procuración de justicia, en agravio de cinco jornaleros asesinados en Yurécuaro, lo que ha entorpecido la procuración de justicia y propiciado la impunidad de los responsables.

Exhortó a reparar el daño ocasionado a los familiares de las víctimas, que incluya atención psicológica e instruir al procurador estatal para que en la averiguación previa se practiquen las diligencias idóneas.