Pide CIDH a México política contra desplazamiento forzado

En una audiencia en EU, la comisión consideró que las políticas de Peña Nieto no bastan para hacer frente a este fenómeno causado fundamentalmente por la violencia del crimen organizado, en la ...

Washington

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varias organizaciones instaron al gobierno de México a elaborar una política integral que afronte específicamente el problema del desplazamiento interno, un fenómeno "de alcance nacional" que hasta ahora ha sido imposible cuantificar o paliar adecuadamente.

En una audiencia en Washington, la CIDH consideró que las políticas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto no bastan para hacer frente al creciente problema del desplazamiento forzado, causado fundamentalmente por la violencia del crimen organizado.

Según cifras del Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (IDMC, en inglés) aportadas en la audiencia, en México viven alrededor de 160 mil víctimas de este fenómeno, si bien su propia voluntad de seguir en la sombra y la falta de datos oficiales impiden un diagnóstico adecuado del problema.

"La Comisión aprecia el hecho de que se haya aprobado una Ley General de Víctimas, pero sin perjuicio de eso, el poder avanzar hacia un diagnóstico más específico sobre el desplazamiento interno en México sería muy importante", dijo el comisionado Felipe González, que pidió elaborar "una ley general sobre esta situación".

Su compañero Rodrigo Escobar Gil subrayó que el desplazamiento interno es "un problema que debemos visibilizar; no podemos confundirlo con políticas para la atención de refugiados, y tampoco incorporarlo dentro de una perspectiva de seguridad ciudadana".

"Lo que yo echo de menos es la falta de una política pública integral en esta materia, una ley", insistió Escobar Gil.

Añadió que "el desplazado no es un migrante. Son personas que tienen forzosamente que abandonar su tierra y trasladarse a otros lugares para preservar su vida, su integridad personal y la de su familia".

"Se hace fundamental un registro de la población desplazada como el que existe en muchos otros países donde se ha avanzado en ello, e implementar mecanismos institucionales de alertas tempranas para prevenir el desplazamiento", además de "un programa de atención humanitaria para la población desplazada", concretó.

El comisionado juzgó también "fundamental" impulsar "programas de retorno en lo posible en condiciones de seguridad; y cuando no es posible crear los medios para su asentamiento en otro lugar".

En el mismo sentido se pronunció Laura Rubio Díaz Leal, del IDMC, quien consideró "necesario el diseño de un programa de política pública para desplazados internos".

Los representantes del gobierno de México en la audiencia destacaron los avances registrados bajo la Ley General de Víctimas y aseguraron que están "trabajando en un diagnóstico del problema" de desplazamiento, en palabras de Patricia Chemor, directora general del Consejo Nacional de la Población (CONAPO).

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de prevención del delito de la secretaría de Gobernación, admitió que el país "tiene un problema de violencia que ha generado estos cambios".

"La mayor parte de los planteamientos formulados aquí forman parte de nuestros programas o van a enriquecerlos y creemos que al final, la manera en que lo llamemos resulta menos importante que lo que hagamos de fondo", añadió Campa.

Steven Hegen, del Consejo Noruego de Refugiados (NRC), apuntó que ante la falta de un programa a nivel nacional, varios estados, como Chiapas, empiezan a desarrollar sus propias legislaciones.

Además, el pasado 10 de octubre, la senadora Diva Gastélum presentó ante el Senado mexicano una iniciativa que reforma la Ley General de Población para enfrentar el problema de desplazamiento.

Según la investigación del IDMC, "por lo general" los desplazados forzados "se van de un municipio de un estado violento a otro municipio menos violento en el mismo estado", pero no existen estadísticas claras que confirmen esa tendencia, dijo Díaz Leal.

"Sí es posible determinar que existe un nexo ineludible entre violencia y desplazamiento forzado" y que la migración no se produce por condiciones socioeconómicas, agregó.

Los municipios violentos "pierden alrededor de 4,5 veces mas población que los municipios no violentos en iguales condiciones socioeconómicas", indicó Sebastián Albuja, del NRC.

La cobertura mediática permite determinar que "entre 2011 y 2013 hubo 67 episodios de desplazamientos masivos", es decir de diez familias o más, en todo el país, señaló Albuja.

"Pero hay otro tipo de desplazamiento forzado, el que más afecta y el más invisible, que es el que se da gota a gota, a partir de la decisión que toma una familia que puede haber sido amenazada y que pretende mantener su estado de invisibilidad", aportó Díaz Leal.