Tribunal echa abajo caso contra militares

Señala que el teniente coronel Avigaí Vargas usó grabaciones ilegales para acusar de narco a militares, agentes y abogados como José Ortega, quien fue absuelto de delincuencia organizada.

México

Un tribunal federal echó abajo de manera definitiva una investigación que orquestaron militares desde la Procuraduría General de la República (PGR) contra personal castrense, abogados y agentes del Ministerio Público Federal, a quienes acusaron de tener vínculos con el crimen organizado.

Asimismo, quedó en evidencia que el teniente coronel Avigaí Vargas Tirado, quien encabezó la persecución contra el general Tomás Ángeles Dauahare, se negó a revelar quién de sus “superiores” (en la Secretaría de la Defensa Nacional) ordenó iniciar la investigación contra estas personas.

Lo anterior consta en la sentencia dictada por Enrique Escobar González, magistrado del sexto tribunal unitario en materia penal en el Distrito Federal, quien exoneró al abogado José Gerardo Ortega Maya, este último que fue asesor del ex secretario de Marina Francisco Saynez Mendoza, y al que se responsabilizó de tener nexos con el cártel de Sinaloa.

En la sentencia se advierte que el teniente coronel realizó grabaciones por “órdenes superiores” para dar seguimiento a cada uno de sus objetivos, tal y como lo hizo contra el abogado Ortega Maya. Sin embargo, las grabaciones las obtuvo de manera ilegal, es decir, sin el aval de un juez federal.

“Tampoco influyen en el dictado de la presente determinación, las declaraciones ministeriales vertidas por Avigaí Vargas Tirado…. Vargas Tirado señala hechos en relación a la forma en que conoció a Ortega Maya, que tenía la instrucción —omitiendo señalar de parte de quien— de darle seguimiento a su solicitud de trabajo en la PGR de áquel (de Ortega Maya, cuando fue invitado a la institución por la ex titular de la PGR Marisela Morales) y atenderlo…

“Por lo que hace a la conversación que afirma Avigaí Vargas sostuvo con José Gerardo Ortega Maya, la cual grabó y obra transcrita en la indagatoria, no tiene valor jurídico por no haber sido obtenida en términos del artículo 16 constitucional”, enfatiza la sentencia emitida por Escobar González.

Diversas instancias coincidieron en absolver a Ortega Maya del delito de delincuencia organizada por carecer de prueba alguna o indicio que acreditara su relación con el crimen organizado.

El abogado aún continúa internado en el penal de máxima seguridad del Noroeste, en Matamoros, Tamaulipas, en espera de que concluya una causa penal más que tiene pendiente, por la presunta posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Ortega Maya ha ofrecido pruebas en el sentido de que los militares que estaban adscritos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y que lo detuvieron en la pasada administración, le “sembraron” las armas de fuego.

El pasado 28 de junio, el abogado cumplió tres años y dos meses en prisión.

Algunos de los militares que participaron en su detención y lo acusaron son Luciano Nabor Hernández, quien ostentaba el cargo de jefe de departamento en la Seido y tiene el grado de sargento primero; Hugo Mendoza Fragoso, quien está adscrito a la Policía Federal Ministerial, y Leonel Guadalupe Licona, oficial del Ejército, quien dirigió el operativo de captura.

A pesar de tener una conducta ejemplar en el penal, Ortega fue cambiado a otro módulo donde ha sido castigado en dos ocasiones.

Uno de los castigos que recibió, según personas cercanas al caso, fue porque supuestamente se equivocó y se sentó en el lugar de otro compañero durante la cena; indicaron que en medio de insultos, el abogado fue llevado, sin medicación por más de 12 horas, a su celda.