Perfila Corte aprobar geolocalización de celulares de criminales

Las reformas buscan prevenir delitos y rescatar víctimas de la delincuencia organizada; no interviene las comunicaciones ni tiene como fin conocer los diálogos entre personas.
Extorsión telefónica
Extorsión telefónica

México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avalará las reformas que obligan a las empresas telefónicas a entregar información en tiempo real para ubicar geográficamente los teléfonos celulares que usan secuestradores, extorsionadores e integrantes de la delincuencia organizada.

Sin embargo, algunos ministros que se pronunciaron por declarar constitucional las modificaciones a los artículos 133 Quáter, del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción I, apartado D y 40 bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, pidieron hacer una interpretación de las normas, para evitar abusos de la autoridad.

Las reformas sólo autorizan a los titulares de la Procuraduría General de la República y de Justicia de las entidades federativas, solicitar información a las concesionarias telefónicas, con el fin de prevenir delitos y rescatar víctimas de la delincuencia organizada.

El ministro Luis María Aguilar Morales abrió el segundo día de debates sobre el tema, donde dejó claro que la reforma no interviene las comunicaciones ni tiene como fin conocer los diálogos entre personas; sólo pretende localizar la situación geográfica de teléfonos móviles.

Mencionó que ésta es sólo una herramienta de investigación cuyo propósito es localizar el lugar donde se origina la llamada para detener a los secuestradores y liberar a las víctimas; comentó que tampoco se afecta el derecho a la privacidad y, si así fuera, refirió que hay tratados que privilegian el interés público.

"Casi el 25 por ciento de las víctimas de un secuestro no son liberadas, de muchas de esas víctimas no se vuelve a saber nada, se trata de un delito que afecta por igual todos los niveles socio-económicos, lo mismo a profesionistas que a comerciantes, estudiantes o empleados, el transcurso del tiempo es elemento esencial en el rescate de la víctima, en la cesación del daño psicológico que se le causa, incluso, en el alcance del daño económico que a ella, la víctima, o a la familia se le puede generar", expresó.

Sin embargo, la ministra Olga Sánchez Cordero se manifestó en contra; declaró que las personas no compran teléfonos celulares para ser rastreados por la policía, sino para comunicarse y usar Internet.

La medida, abundó, cumple con los requisitos de perseguir un fin legítimo para combatir secuestro delincuencia organizada, extorsión y amenazas, pero existen otros medios para investigar de una manera menos intrusiva en la vida privada de las personas.

Puntualizó que el hecho de que terceros tengan datos de una persona, a través de tiempo real, puede llevar de forma automática a que el derecho a la vida privada sea vulnerado, a partir del conocimiento de información personal.

Por su parte, el ministro Fernando Franco González Salas, quien está a favor, pidió imponer candados a dichas reformas, para evitar abusos y castigar con todo el rigor de la ley a quien se separe de la norma; por esa razón, subrayó que es necesario que quien formule la petición detalle porqué va investigar y qué tipo de llamadas.

En ese sentido se pronunció el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien también pidió una interpretación de la norma para evitar abusos; desde su punto de vista dijo que sí hay una intervención a la vida privada.

No obstante, señaló que la medida es legítima, pues se trata de perseguir un delito y salvaguardar la vida de un secuestrado; empero, añadió que se puede lograr de una manera más equilibrada.

Mañana continuará la discusión, pues algunos ministros pidieron el uso de la voz; hasta el momento siete ministros están a favor y tres en contra; también falta conocer la posición del presidente de la Corte, Juan Silva Meza.