PGR catea instalaciones de Dragon Mart

Elementos de la procuraduría catearon las instalaciones del proyecto comercial en Cancún, como parte de la averiguación por posibles delitos ambientales.
El uso de suelo no corresponde con el autorizado.
El proyecto Dragon Mart fue clausurado en enero pasado. (José Cupul/EFE)

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República cateó las instalaciones del proyecto comercial Dragon Mart de Cancún, Quintana Roo, como parte de una averiguación previa iniciada luego de una denuncia presentada por la Profepa.

La acción forma parte de las diligencias del Ministerio Público Federal que integra la averiguación previa iniciada tras la denuncia interpuesta ante la probable comisión de hechos constitutivos de delitos en materia ambiental.

Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los responsables del proyecto comercial ubicado en el predio "El Tucán", en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, infringieron la normatividad administrativa ambiental vigente.

Además de que incurrieron en la posible comisión de delitos previstos en el Título 25 del Código Penal Federal.

El cateo al proyecto, clausurado en enero pasado por la Profepa, fue encabezado por un agente del Ministerio Público federal, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), al cumplimentar una orden girada por el Juzgado 5 Penal Federal.

La diligencia, en la que participaron servidores públicos de ambas dependencias federales, tuvo como objetivo recabar mayores datos que ayuden a emitir el dictamen pericial correspondiente y determinen el daño e impacto ocasionados al ambiente, en virtud de los trabajos hechos por la empresa responsable del citado proyecto.

En las acciones ministeriales realizadas en el predio intervinieron peritos en fotografía, criminalística, ingeniería y arquitectura, habilitados en materia forestal e impacto ambiental de la PGR.

También estuvieron presentes peritos de la Profepa para recabar indicios que permitan precisar la superficie afectada por la tala o desmonte, los ecosistemas que sufrieron desequilibrio y los impactos ambientales ocasionados por el referido proyecto comercial.