ONU pide ampliar investigación de caso Tlatlaya

La portavoz del Alto Comisionado, Cécile Pouilly, dijo que el gobierno mexicano debe investigar y llevar a los responsables ante la justicia para que estas violaciones no se vuelvan a ocurrir.
 Los orificios de la mayoría de proyectiles en los muros, balazos aparentemente realizados a distancia (por el pequeño diámetro que tienen los hoyos), están marcados y enumerados con tinta blanca a lo largo y ancho de los 360 grados de la bodega.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo su propia investigación y concluyó que 15 de las 22 víctimas fueron ejecutadas. (Jorge Carballo)

Ciudad de México

La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cécile Pouilly, instó a las autoridades mexicanas a ampliar las investigaciones para incluir a las autoridades civiles y militares que podrían tener parte de responsabilidad en la matanza de 22 personas durante un operativo de militares contra una supuesta banda criminal en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio del año pasado.

Si bien un oficial y seis soldados están en espera de juicio, la portavoz dijo que el gobierno mexicano debe "investigar estos casos y llevar a los responsables ante la justicia es la mejor manera de garantizar que estas violaciones no se vuelvan a cometer".

Llamó al gobierno mexicano a hacer justicia y a la reparación del daño para las víctimas.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó inicialmente que los 22 fallecidos pertenecían a una banda de secuestradores y que murieron en un tiroteo con las fuerzas militares.

Una testigo, una de los tres supervivientes del incidente, relató a un medio de comunicación que sólo uno de los civiles murió en el enfrentamiento y que los demás fueron sumariamente ejecutados tras rendirse y haber sido interrogados.

"Ocho soldados que participaron en la operación fueron detenidos el 25 de septiembre de 2014. Tres de ellos afrontan cargos de homicidio y uno un cargo de manipulación de pruebas", informó el organismo de la ONU.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo su propia investigación y concluyó que 15 de las 22 víctimas fueron ejecutadas.