La ONU urge a indagar matanza en Topo Chico

En abril de 2014 se comprobó que había una “flexibilidad excesiva” a los presos que generaba autogobierno, lo cual se dio a conocer a las autoridades, afirma el relator Juan Méndez.

México y Nuevo León

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió al gobierno mexicano a investigar de manera "imparcial y exhaustiva" los disturbios en el penal de Topo Chico, en Monterrey, que dejaron 49 reos muertos y 12 heridos.

Ayer la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) dio por concluida la identificación de todas las víctimas e, incluso, aseguró que los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

Respecto a los presuntos responsables, la defensa del subcomisario Fernando Domínguez Jaramillo, quien fue detenido el viernes junto con la ex directora del penal y un celador, dio a conocer supuestos mensajes de WhatsApp que envió al secretario de Seguridad Pública estatal, Cuauhtémoc Antúnez Pérez, en los que le avisó de la riña en el penal, minutos después de que ésta iniciara.

El relator especial de la ONU sobre Tortura, Juan Méndez, exigió a las autoridades esclarecer los hechos ocurridos la noche del 10 y la mañana del 11 de febrero pa-
ra determinar las responsabilidades de los reclusos y de los funcionarios penitenciarios involucrados.

"Exhorto a las autoridades mexicanas a garantizar el derecho de los familiares a saber la verdad acerca de lo acontecido, a una identificación pronta de las personas fallecidas... a una entrega digna de los restos de las personas fallecidas y a una atención médica de calidad a los heridos," señaló.

Méndez explicó que las pesquisas deben conducir a la repara-
ción del daño a las familias, así como a la mejora en las condiciones de detención de los reclusos.

En un comunicado, recordó que durante una inspección al penal en abril de 2014, constató una "flexibilidad excesiva" de los detenidos, encaminada al autogobierno y a situaciones de violencia en su interior.

Entre las carencias que el experto detectó estuvieron el deterioro de infraestructura, condiciones sanitarias penosas, mala calidad en la comida y sanciones de aislamiento en condiciones deplorables, entre otras violaciones.

"Esta información también la compartí con las autoridades de Topo Chico el mismo el 27 de abril de 2014", aseguró.

Todos registrados

La procuraduría del estado confirmó que ya fueron identificados los últimos cuatro cuerpos, por lo que concluye que todas las víctimas pertenecían a la población carcelaria.

En un comunicado, la dependencia señaló que los cuatro hombres que faltaban por identificar son Ricardo de Jesús Espinoza Beltrán, Juan Mario Pérez Herrera, Diego Enrique Martínez Ávila y Roberto de Jesús Martínez Govea.

También fueron identificados los restos de los cinco calcinados. Se trata de Angelino Sánchez Jaramillo, Morgan Jesús Rosales Villeda, Jaime Cabello Figueroa, José Ovalles Salas y José Juan Salazar Leija.

Destacó que se entregó a los familiares los 49 cadáveres, mientras que de los 12 heridos, solo tres permanecen internados en el Hospital Universitario y su estado se reporta grave.

En tanto, los abogados de Domínguez Jaramillo sostuvieron que el comisario de la Dirección General de Administración Penitenciaria, Juan Antonio Caballero Delgadillo, y el secretario de Seguridad Pública estatal, Cuauhtémoc Antúnez, fueron notificados del motín minutos después de que iniciara.

Entre las pruebas presentadas por la defensa están supuestos mensajes de WhatsApp que el subcomisario preso envió a sus superiores antes y durante el enfrentamiento.

A las 21:18, Domínguez Jaramillo notificó a Caballero Delgadillo que el Órgano Desconcentrado le envió oficios sobre el traslado de reos programado para el 11 de febrero; mensaje que su superior no respondió.

La misma información se la comunicó al secretario, pidiéndole el apoyo de siete unidades de la Fuerza Civil para custodiar a los reclusos que iban a ser llevados a los penales de Cadereyta y Apodaca.

En un segundo mensaje al general Antúnez, emitido a las 23:52 casi media hora después del motín, le avisa de estos hechos. Seis minutos después, el comisario le pregunta a Domínguez Jaramillo si hay algún problema en el penal; hasta las 04:17 del jueves, Antúnez se comunica nuevamente con su subalterno para pedirle el nombre del responsable de los hechos.

Revisan inmuebles

Estos registros se dieron a conocer, luego de que el fin de semana, la procuraduría cateó domicilios y oficinas de los dos mandos detenidos por la muerte de los 49 reos.

Los cateos se efectuaron en viviendas de la colonia Valle del Salduero, en Apodaca, y en Cumbres Moreira, en Monterrey, pertenecientes a la ex directora Gregoria Salazar y a Domínguez Jaramillo; además de la casa del recién nombrado procurador de la Defensa del Menor y hermano de este último.

La dependencia dio a conocer que en la oficina de Salazar, los agentes del Ministerio Público localizaron un bote con 30 puntillas fabricadas por los internos.