México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Actualmente, dicho tribunal solo tiene un caso contra el país, sin embargo aún espera el pleno cumplimiento de algunas de las sentencias emitidas contra el Estado.
En la inauguración del 48 periodo extraordinario de sesiones de la CoIDH.
En la inauguración del 48 periodo extraordinario de sesiones de la CoIDH. (Héctor Téllez)

Ciudad de México

Esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sesiona en México. Actualmente en ese tribunal se discute un caso mexicano, pero que aún espera pleno cumplimiento de algunas de las sentencias emitidas contra el Estado mexicano.

En la inauguración del 48 periodo extraordinario de sesiones de la CoIDH, su presidente, Diego García Sayán, reconoció el avance de México en el cumplimiento de las sentencias en su contra.

Sin embargo, consideró que todavía tiene pendientes, particularmente lo que se refiere a la modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar para que sean juzgadas por tribunales civiles las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, lo cual ha sido detectado en al menos cuatro casos.

A esto hay que añadir que en 2012 México fue, con mil 800 casos, el país que mayor cantidad de denuncias realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que remite los asuntos a la CoIDH.

Estos son los casos contra México que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

[b]García Cruz y Sánchez Silvestre[/b]

Fecha de remisión a la Corte: 17 de marzo de 2013

Sin sentencia hasta ahora.

Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre fueron detenidos en 1997 por presuntamente repartir propaganda del Ejército Popular Revolucionario a usuarios del metro en la Ciudad de México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la CoIDH por la detención ilegal de estas personas, así como por sus condenas a 3 y 40 años de prisión “como consecuencia de dos juicios penales en los que no se observaron las garantías del debido proceso (…) por la utilización de sus confesiones obtenidas bajo tortura y por la falta de investigación y sanción de los hechos denunciados”.

Después de que el caso fue remitido a la Corte Interamericana, el gobierno mexicano presentó información según la cual el 11 de abril de 2013 fue revocada la sentencia condenatoria en perjuicio de las víctimas, y el 18 de abril siguiente se decretó su liberación y se ordenó la cancelación de sus registros penales.

[b]Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega[/b]

Fecha de remisión a la Corte: 2 de agosto de 2009

Sentencia: Octubre de 2010.

La CoIDH condenó al Estado mexicano por la violación y tortura cometidas en 2002 por elementos del Ejército contra las indígenas me’phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y lo que determinó “violencia institucional castrense”.

La sentencia establece la reparación integral de los daños, así como garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, y castigar a los responsables en la justicia civil.

[b]Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores[/b]

Fecha de remisión a la Corte: 24 de junio de 2009

Sentencia: Diciembre de 2010.

Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel denunciaron que fueron torturados por parte de miembros del Ejército durante su detención, en 1999, por formar la organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuya de Catalán, para combatir la tala ilegal en la sierra de Guerrero. En 2001, el ex presidente Vicente Fox ordenó su liberación, pero no reconoció su inocencia.

La CoIDH responsabilizó al Estado mexicano de los tratos inhumanos de que fueron víctimas los llamados “campesinos ecologistas”, reconoció la violación de sus derechos a la libertad, integridad, y a las garantías y protección judiciales, y fijo el pago de 20 mil dólares a cada uno como compensación por el daño inmaterial.

[b]Rosendo Radilla Pacheco[/b]

Fecha de remisión a la Corte: 15 de marzo de 2008

Sentencia: Noviembre de 2009.

La CoIDH responsabilizó al Ejército mexicano de la desaparición de Rosendo Radilla, ocurrida en Guerrero en 1974, y al gobierno de no investigar adecuadamente el caso.

El tribunal interamericano determinó que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”, por lo que ordenó al México a modificar su Código de Justicia Militar, para hacerlo compatible con los estándares internacionales.

[b]Campo algodonero: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárez[/b]

Fecha de remisión a la Corte: 4 de noviembre de 2007

Sentencia: Noviembre de 2009

De acuerdo con la sentencia emitida por la CoIDH, el Estado mexicano incumplió con su deber de investigar, y con ello su deber de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, quienes fueron asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El tribunal interamericano detectó la denegación de justicia por la indebida investigación de la desaparición y homicidio de las víctimas; falta de políticas de prevención; falta de respuesta de las autoridades y falta de reparación adecuada en favor de los familiares.

[b]Jorge Castañeda Gutman[/b]

Fecha de remisión a la Corte: 21 de marzo de 2007

Sentencia: Agosto de 2008

El caso surgió a partir de que el ex canciller Jorge Castañeda Gutman no pudo participar en las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006 como candidato sin apoyo de partido alguno, no obstante que la legislación electoral federal deja exclusivamente a los partidos políticos la postulación de candidatos a cargos de elección popular.

A través de su sentencia, la CoIDH consideró que no hubo violación a los derechos políticos ni al derecho a la igualdad ante la ley en contra de Castañeda, pero que el Estado mexicano sí transgredió el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos por no tener previsto un recurso judicial efectivo para atender los planteamientos de constitucionalidad de las leyes electorales.

[b]Alfonso Martín del Campo Dodd [/b]

Fecha de remisión a la Corte: Enero de 2003

Sentencia: Expediente archivado sin sentencia.

Alfonso Martín del Campo Dodd fue detenido arbitrariamente por policías judiciales de la Procuraduría general de Justicia del DF, quienes lo torturaron para confesar que era responsable de los asesinatos de su hermana Patricia y su esposo, Gerardo Zamudio Aldaba, cometidos en 1992.

Aunque en 2003 la Corte Interamericana decidió no conocer el fondo del caso, sí exhortó al Estado mexicano a atender las recomendaciones hechas por la CIDH, en las que exhortaba a liberar a Martín del Campo, revisar el proceso judicial que lo llevó a prisión, anular la confesión obtenida bajo tortura e investigar a los autores de las violaciones a los derechos humanos sufridas por la víctima.

Además de estos casos, muchos más han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se han resuelto. Otros más, que tienen que ver con desapariciones forzadas, trata de personas y desplazados, permanecen en dicha instancia y serán discutidos del 28 de octubre al 1 de noviembre próximos.