Empresa Prokarne enfrenta cargos por trata de personas

Por tener a trabajadores en condiciones inhumanas, el dueño y cinco de sus empleados se encuentran detenidos e internos en el centro de reinserción social de Saltillo.
La empresa Prokarne no cuenta con el permiso correspondiente para tener a los menores laborando.
Los jornaleros estaban trabajando bajo condiciones contrarias a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. (Milenio Digital)
Norberto Ontiveros Leza, Subprocurador Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. (Milenio Digital )

Saltillo, Coahuila

El dueño de la empresa Prokarne, Óscar Lozano Chávez y 5 de sus empleados enfrentan cargos por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, por tener en condiciones inhumanas a 307 personas, de las cuales 57 son menores de edad, en dos ranchos del Ejido Higo en el municipio de Ramos Arizpe.

El Subprocurador Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Norberto Ontiveros Leza, informó que los 6 inculpados por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, se encuentran detenidos e internos en el centro de reinserción social de Saltillo y a disposición de la autoridad judicial.

Luego de que se realizara la audiencia de control de detención, toda vez que el caso fue judicializado con detenidos, el Juez Primero de Distrito concedió la formulación de imputación al Ministerio Público y decretó la prisión preventiva, por tratarse de un delito grave, para Óscar Lozano Chávez, Pedro Cisneros Rodríguez, "El Inge" Roberto Martínez García, Juan Gerardo García, Blas Hernández y Roberto Olivo por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.

Trascendió que Lozano Chávez solicitó un amparo ante el juez Primero de Distrito, para seguir el proceso en libertad. La audiencia de vinculación a proceso que se realizará el próximo viernes 28 de agosto.

Ontiveros Leza explicó que a las 13 horas de ayer inició la audiencia inicial, "pero se suspendió porque la defensa solicitó un plazo para allegarse a todas las constancias que integran la carpeta de investigación", lo que les fue concedido, reanudándose la audiencia alrededor de las 19:00 horas.

"Nosotros como ministerio público consideramos que la detención está apegada a derecho puesto que fue en flagrante delito y hay elementos suficientes que acreditan el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral por los adultos y los menores", expuso.

Dijo esto se demuestra derivado de que los jornaleros estaban trabajando bajo condiciones contrarias a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, contra disposiciones que establece La Ley General de Salud, en condiciones infrahumanas.

Detalló que solo tenían dos comidas, no se les pagaba semanalmente, quincenalmente o mensualmente, si no que se les retenía el sueldo hasta que dejaran de laborar y se retiraran a sus lugares de origen.

"Con el propósito de que no se fueran a parte, con un salario muy bajo, con jornadas muy extensas, es por eso que se acredita el delito de explotación laboral, esto en relación a los adultos", dijo.

Por lo que respecta a los menores, expuso que ellos bajo ninguna circunstancia pueden laborar, por lo que partiendo de ese principio consideró que también aplica en consecuencia el delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.

Trascendió que Lozano Chávez solicitó un amparo ante el juez Primero de Distrito, para seguir el proceso en libertad. La audiencia de vinculación a proceso que se realizará el próximo viernes 28 de agosto.

Debido a que los imputados Blas Hernández Hernández y Moisés Martínez Olivo pertenecen a una comunidad náhuatl de Hidalgo, deberán ser asistidos por un traductor.