PGR: policías participaron en masacre de San Fernando

Los agentes municipales entregaron a Los Zetas a las personas que iban deteniendo, según información que esa dependencia desclasificó con base a un ordenamiento del IFAI.
Hace tres años de la masacre de San Fernando
Hace tres años de la masacre de San Fernando (Especial)

Ciudad de México

Al menos 18 policías de tránsito del municipio de San Fernando, Tamaulipas, colaboraron con Los Zetas, en la masacre de 72 migrantes en 2010, cuyos cuerpos fueron encontrados ejecutados en un terreno de ese municipio.

Los uniformados se dedicaban a entregar a las personas que iban deteniendo, mismas que eran llevadas al "pentágono", es decir, la cárcel municipal de San Fernando, donde "el mero bueno" era "un policía viejito" y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes recibían dinero de los delincuentes por colaborar.

Lo anterior forma parte de la información que la Procuraduría General de la República (PGR) desclasificó con base a un ordenamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

La información fue solicitada por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de George Washington, en Estados Unidos, pero la PGR se la negó; por ese motivo interpuso un recurso, donde el IFAI demandó a la PGR hacer pública el contenido de las averiguaciones previas.

En el documento, aparecen tachados los números de las averiguaciones previas, pero la dependencia federal dio detalles de cómo fue que los policías municipales participaron en el crimen de los indocumentados y de otros más.

Se indica que elementos del Ejército mexicano detuvieron el 2 de abril de 2011 a Elfego Cruz Martínez, Júpiter Almer Cano Guerra y Adela Yudith Ochoa por los delitos de homicidio, secuestro y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Dicha indagatoria se acumuló a otra averiguación que se abrió por la puesta a disposición de Sergio Córdova Martínez, Julio César Lugo Chaca, José Mauro Oñate Rodríguez, Samuel Moreno Saavedra, Edgar Sosa Solís y Juan Pablo Cabrera Escalante, también detenidos por militares por violación a la ley federal de armas.

Con base en las declaraciones de los inculpados María de los Ángeles Ponce Razó, La Luna; Gerardo de la Cruz Rodríguez; José Manuel Hernández Guerrero, 'El Chacal'; Armando César Morales Uzcanga, 'El Chicharo'; Esvin Leonel Batres Hernández, 'El Gato'; Jairo Emmanuel Cabriales Campos; Juana Flores Mendoza; Adriana Guadalupe Medina Galván y César Coronado Delgado, 'El ET', se pudo conocer la participación de los uniformados.

Los detenidos declararon que los policías realizaban las siguientes acciones: "desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisiones en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esta organización criminal sin que se hicieran imputaciones directas en contra de algún elemento".

El 13 de abril de 2011, la PGR recibió por parte de la Policía Federal a los detenidos Óscar Jaramillo Sosa, Álvaro Alba Terrazas, Lázaro Flores Peña, Martín García Badillo, Eleodoro Sánchez Robles, Rogelio de la Portilla Herevia, María Guadalupe Galván Hernández y Remigio Carillo Mireles.

Asimismo, se le entregó a Guadalupe Hernández Ibarra, Manuel Ávila Lugo, Elpidio Reyes Sáenz; José Luis Aguilar Vélez, Julio Guadalupe Jaramillo Vela, Mario Alberto Romero Hernández, Santos Maldonado Reyes, Gilberto Rivera Hernández y Jesús Ramos López, todos ellos integrantes de la policía municipal de San Fernando.

El 20 de abril del citado año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso a disposición de la PGR al policía Joel Reséndiz Moreno.

En declaraciones del policía Álvaro Alba Terrazas, 'El Junior', el agente del Ministerio Público Federal pudo conocer que el uniformado sabía de la participación de varios de sus compañeros de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de San Fernando en actividades delictiva.

'El Junior' dijo: "sé que los policías y tránsito de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente se la llevan al pentágono, es decir, la cárcel municipal, se los entregan a los zetas; el mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar".

Sin embargo, al ser interrogados los policías, éstos negaron las imputaciones en su contra.

El 20 de mayo de 2011, la PGR ejerció acción penal contra los uniformados por el secuestro de los 72 migrantes en agosto de 2010, y por delincuencia organizada.

Dentro de las órdenes de aprehensión libradas por un juez federal destacan, además de los policías, la de los líderes regionales de Los Zetas, entre ellos, Salvador Alfonso Martínez Escobedo, 'Comandante Ardilla', y Ramón Ricardo Palomo Rincones, 'El Coyote', ambos detenidos.

Las órdenes de aprehensión contra los uniformados fueron cumplimentadas por la PGR el 30 de junio de 2011; asimismo, se libraron órdenes contra Martín Omar Estrada de la Mora, 'El Kilo', y Abraham Ramos Caporal, 'El Comandante Erasmo', ambos dirigentes de Los Zetas.