Marina documenta operativos anticrimen en fotos y videos

En seis meses ha registrado enfrentamientos y acciones contra "narco", secuestro, "halconeo", robo, pesca ilegal, robo de vehículos, cultivos ilícitos, tomas clandestinas de combustible, portación ...
Sedena y Semar participan en operativos de rescate de víctimas.
Sedena y Semar participan en operativos de rescate de víctimas. (Cortesía)

México

Para evitar acusaciones sobre abusos en la lucha contra la delincuencia o en su caso aportar pruebas de que sus operaciones están apegadas a la legalidad, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) ha documentado en video y fotografía 300 misiones del personal naval.

Lo ha hecho con base en una disposición del Alto Mando, que entró en vigor en mayo de 2014, mediante la cual se intenta demostrar que en las acciones para reducir la violencia los marinos no violan los derechos humanos ni incurren en el uso excesivo de la fuerza.

En seis meses, la Semar ha registrado enfrentamientos y acciones contra el narcotráfico, secuestro, halconeo, robo, pesca ilegal, narcomenudeo, robo de vehículos, cultivos ilícitos, tomas clandestinas de combustible, portación de armas de fuego y homicidio, además de participar en la destrucción de plantíos.

Un informe de la Semar, obtenido por MILENIO a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que las operaciones han sido captadas en video o fotografía con base en el Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, que firmaron los secretarios de Marina, Vidal Soberón, y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el 22 de mayo de 2014.

El documento se publicó el 30 de mayo del año pasado en el Diario Oficial de la Federación, un mes antes del caso Tlatlaya, en el que militares fueron acusados de haber matado a presuntos delincuentes durante un enfrentamiento.

La cuarta sección del manual, denominada “Aspectos generales”, establece que los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea deben “contar con cámara de videograbación, fotográfica o instrumentos de sonido para estar en condiciones de aportar pruebas fehacientes sobre la actuación del personal de las fuerzas armadas en operaciones”.

A partir del caso Tlatlaya, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2014, en la que estableció que los militares utilicen cámaras fotográficas, de videograbación o de audio para contar con evidencia de que su actuación es respetuosa de las garantías individuales, como lo indica el manual.

Las 300 videograbaciones y fotografías de las misiones para reducir la violencia se efectuaron entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2014 en Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Guerrero, estados con fuerte presencia del narcotráfico y la delincuencia organizada.

Mandos de la Armada de México, por su parte, precisaron que no es posible videograbar o fotografiar todas las operaciones, las cuales se registran bajo determinadas circunstancias y cuando no está en riesgo la vida del personal naval.

La Secretaría de Marina cuenta con videos y fotografías de al menos tres “ataques repelidos” que derivaron en enfrentamientos con miembros de la delincuencia organizada en los municipios de Angostura, Guasave y Culiacán, Sinaloa. En Guerrero ha documentado 30 operaciones en los municipios y poblados de Arcelia, Copala, Coyuca de Benítez y Eduardo Neri.

Además se registró una operación en Iguala de la Independencia el 30 octubre de 2014.

En Veracruz tiene registros de acciones de marinos para combatir los ilícitos de narcotráfico, delincuencia organizada, robo (sin precisar), secuestro, así como la revisión a un penal. Esto ocurrió en Tlacolulan, Tierra Blanca, Córdoba, Alto Lucero, Ciudad Mendoza, Tierra Blanca, Zongolica, Orizaba, Alpatlahuac, Tecolutla, Papantla, Tlapacoyan, Xalapa, Amatlán de los Reyes, Veracruz, Medellín y Boca del Río. También registró un caso de secuestro en Puebla.

En Tamaulipas utilizó equipo electrónico en 59 operaciones, de las cuales nueve fueron de alto impacto contra el narcotráfico en Tampico, Altamira y Ciudad Madero. El resto se realizó contra la delincuencia organizada en diversas modalidades y por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en varios municipios y poblados de ese estado. Destacaron las acciones contra la venta ilícita de combustible y delincuencia organizada en Matamoros, y por casos de secuestro en San Fernando, donde han sido plagiados y asesinados decenas de indocumentados.

En Sinaloa y Sonora se videograbaron y fotografiaron al menos 163 operaciones por delincuencia organizada, narcomenudeo, cultivo de mariguana, portación de armas de fuego, destrucción de plantíos ilícitos, pesca ilegal, halconeo, robo de combustible, vehículos con reporte de robo y la inspección de un buque sospechoso en el puerto de Topolobampo. Se documentó también un operativo contra la delincuencia organizada en San Luis Potosí.

La Secretaría de la Defensa Nacional también fue consultada vía transparencia sobre el número de misiones en las que personal ha utilizado equipo electrónico con base en el manual citado.

En la respuesta que emitió el 12 de febrero de 2015, con el número de folio 0000700228314, informó lo siguiente:

“Se hace de su conocimiento que el Manual de uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas es aplicable al personal militar que desarrolla operaciones bajo una orden expresa, siempre y cuando no ponga en peligro la vida del personal militar; sin embargo, cuando el citado personal es sorprendido por integrantes de la delincuencia organizada, no es posible documentar los acontecimientos.

“En este contexto, esta dependencia del Ejecutivo federal no cuenta con registros en los que el personal militar de este instituto armado haya empleado algún medio (cámaras fotográficas y/o de videograbación y/o de audio) para documentar los hechos, con motivo de las operaciones contra el narcotráfico que se han realizado en el país.”

A la Sedena se le solicitó información sobre el número total de operaciones en general, además de las que realiza contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y en las que hubiera empleado equipo electrónico y se le pidió también un desglose.

Luego de los hechos del 30 de junio de 2014 en el lugar conocido como Cuadrilla Nueva, en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde presuntamente militares mataron a supuestos delincuentes, la CNDH emitió la recomendación 51/2014, dirigida a la Sedena.

En el quinto punto el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, pidió al secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, lo siguiente:

“Se giren instrucciones a efecto de que se dé cumplimiento al numeral 18E del Manual de uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas, y los elementos de la Sedena empleen de manera intensiva las cámaras fotográficas y de videograbación y de grabación de audio para documentar los incidentes con la población civil, y sea posible contar con las evidencias de que la actuación del personal de las fuerzas armadas es respetuosa de los derechos humanos”.