Peritaje militar ‘tumba’ acusación de PGR contra panista

Juan Pablo Rangel Contreras, ex director general de Cajas Libertad, fue puesto en libertad bajo caución después de que se comprobó el arma que portaba no es de uso exclusivo del Ejército.

Ciudad de México

Un juez federal concedió la libertad bajo caución a Juan Pablo Rangel Contreras, ex director general de Cajas Libertad, quien ha sido señalado de ser operador financiero del diputado federal del PAN, Marcos Aguilar, y de haber intervenido las comunicaciones del gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa.

Rangel Contreras estaba preso desde diciembre en el penal federal de "El Rincón", en Tepic, Nayarit, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) lo consignó como presunto responsable del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El juez segundo reclasificó el delito imputado a Contreras, porque un peritaje realizado por personal castrense demostró que el arma de fuego no es de uso exclusivo del Ejército, motivo por el cual el delito dejó de ser grave y tras el pago de una caución de 15 mil pesos continuará enfrentando su proceso en libertad.

Desde 2014, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, investigaba al ex directivo por los presuntos delitos de lavado de dinero e intervención de comunicaciones.

Funcionarios federales presumen que Rangel Contreras intervino las comunicaciones del gobernador José Calzada Rovirosa, y a su propio jefe Marcos Aguilar, quien busca la alcaldía de la capital queretana.

En diciembre, el juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con residencia en Querétaro dictó auto de formal prisión dentro de la causa penal 323/2014.

La defensa de Rangel Contreras solicitó un nuevo peritaje, mismo que fue ordenado por el juez el 9 de abril, para lo cual se designó a un experto de la Décimo Séptima Zona Militar, con sede en esa ciudad.

El perito militar rindió su dictamen, con el que se desvirtuó aquel que justificaba que el arma de fuego señalada se encontraba prevista en la Ley Federal.