Irregularidades en caso de jaliscienses detenidos

La esposa de Luis Alberto Reyes Vargas denuncia que los 31 indiciados han sido víctimas de tortura física y psicológica por parte de la Procuraduría.
Carolina Rodríguez Gutiérrez asegura que la primera vez que visitó a su esposo estaba golpeado.
Carolina Rodríguez Gutiérrez asegura que la primera vez que visitó a su esposo estaba golpeado. (Jorge Martínez)

Guadalajara

La detención de los 31 jaliscienses en Querétaro, acusados de asesinar a una persona y lesionar a otra durante una gresca ocurrida en un terreno que se encuentra en un conflicto legal, deja al descubierto varias irregularidades, así lo denuncia uno de los familiares de los indiciados.

Carolina Rodríguez Gutiérrez es esposa de Luis Alberto Reyes Vargas, quien fue contratado junto con otras 32 personas [dos de ellos menores de edad] para cuidar un predio ubicado en el Fraccionamiento El Campanario, en el municipio de El Marqués.

Desde hace 11 meses [junio de 2013] que su pareja no regresa a casa, ya que se encuentra recluido en el Cefereso de Querétaro debido al conflicto en el que se vio involucrado; asegura que sin conocer de leyes, ha detectado los vicios en el proceso legal que enfrenta Reyes Vargas.

La muestra está en que la prueba de absorción atómica practicada a los detenidos para saber si alguno de ellos accionó el arma de fuego que privó de la vida a una persona, fue practicada por un médico veterinario y no por un perito forense.

“La prueba así es, fue realizada por un médico veterinario y no se las practicaron a todos, 31 dieron negativo, entonces, por qué esas dos personas no están detenidas si ellos no dieron positivo a la prueba”, denunció Carolina Rodríguez, quien asegura que además los han sometido a tortura física y psicológica por parte de la Procuraduría de dicho estado.

“Les ponían pistolas en la cabeza para que ellos declararan y firmaran declaraciones que nunca hicieron  y nunca dijeron. Cuando yo lo visité la primera vez sí estaba golpeado”.

En cinco ocasiones el juez que lleva el caso ha pospuesto sin motivo aparente la fecha para emitir la sentencia: “Fue en junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y fue hasta el último día que tenían ellos para decir si procedía el amparo y les dijeron que no”.

Pero las malas prácticas no sólo están en el proceso legal que enfrentan los 31 aprehendidos, sino también en contra de sus familias, ya que presuntamente el gobierno queretano ha violado sus derechos humanos a través de los funcionarios públicos que trabajan en el centro preventivo donde están internados los guardias de seguridad privada.

“A ellos y a nosotros nos han discriminado por ser de Jalisco, nos dicen rancheros y hasta nosotros mismos cuando vamos al Cefereso nos tratan mal. Para empezar nos desnudan completamente, luego nos prohíben entrar con algunas ropas, y vemos a otras personas que entran con todo tipo de ropa. Una vez nos dijeron que teníamos piojos y nos prohibieron pasar”, narró Carolina Rodríguez Gutiérrez.

Mañana será cuando un juez emita la sentencia en contra de los 31 guardias de seguridad que fueron contratados para custodiar un predio que es reclamado por el gobierno del estado de Querétaro, el presidente municipal de El Marqués, la familia Leaño y los ejidatarios.

Procuraduría dice que han brindado apoyo

El subprocurador de Servicios Jurídicos Asistenciales de la Procuraduría Social, Isaac Patiño, informó que sí han brindado apoyo a los familiares -de los 31 jaliscienses detenidos en Querétaro-, quienes conformaron un comité integrado por cerca de siete mujeres.

“Vienen continuamente, cuando menos están viniendo una vez a la quincena y nosotros les vamos informando de los avances que se encuentran jurídicamente en el expediente”, destacó. 

A su vez, comentó que se han reunido con los abogados del despacho particular –que lleva el caso-, en donde también se encuentran presentes los familiares, para que les informen el avance de este proceso.

Aclaró que es todo el apoyo que pueden brindarles a los familiares, debido a que la defensa corre a cargo de un despacho de abogados particular. “Tanto los familiares como la empresa [de seguridad privada para la que laboraban], decidieron que fueran los abogados particulares quienes llevaran la representación, por lo tanto nosotros estamos limitados a intervenir en cualquier audiencia judicial, y por lo tanto también la Procuraduría Social no tiene la representación de ninguno de los detenidos, [por lo que] es imposible comparecer dentro del proceso”. 

(Yenzi Velázquez/Guadalajara)