Invalida Suprema Corte de Justicia de la Nación figura del arraigo en Hidalgo

Con esto las 32 entidades del país se ven obligadas a desistirse de aprobar leyes en la materia.
Según la Procuraduría estatal, actualmente no se tienen personas arraigadas en la entidad.
Según la Procuraduría estatal, actualmente no se tienen personas arraigadas en la entidad. (Archivo)

Pachuca

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inválido el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo que regula la figura del arraigo.

De acuerdo con la lectura del expediente 22/2013, se promovió una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandando la invalidez del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, reformado mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad el 5 de agosto de 2013.

El expediente, a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, dio cuenta que el artículo 132 del Código Penal estatal refiere que el indiciado quedará arraigado bajo vigilancia de la policía en el domicilio que se señale, sin embargo, luego de declarar inconstitucional que las entidades federativas legislen sobre esta figura jurídica el máximo tribunal votó a favor de la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH.

Luego de la exposición de motivos, los ministros de la primera sala de la SCJN determinaron que sólo el Congreso de la Unión puede legislar en materia del arraigo, al considerar que la retención con control judicial reproduce los elementos del arraigo aplicables a procesos federales, como los de la delincuencia organizada.

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de Justicia del Estado Hidalgo (PGJEH) indicó se mantiene respetuosa de la resolución emitida por el máximo tribunal del país, por lo que acatará de inmediato la anulación de dicho precepto.

La PGJEH precisó que actualmente se descarta la existencia de personas arraigadas en la entidad; además la institución encargada de procurar justicia reveló que la infraestructura dedicada para tal efecto ha dejado de ser operativa a partir del momento de la resolución de la SCJN. De acuerdo con lo ordenado por la Suprema Corte, una vez declarada la invalidez, corresponderá a los jueces penales resolver, en cada caso concreto, el alcance de la nulidad de las pruebas que hubieran sido obtenidas por el Ministerio Público como consecuencia del arraigo.

En tanto, el Poder Legislativo del estado deberá derogar el artículo referente del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, lo que obliga al Ministerio Público a actuar en consonancia.

Luego de la resolución de la Suprema Corte se instruyó a las y los agentes del Ministerio Público a que en las averiguaciones previas iniciadas donde se presuma algún delito grave deberán ser integradas con celeridad y limpieza jurídica con la finalidad de atender las disposiciones ordenadas por la SCJN.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó el beneplácito por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cual se establece también que ningún estado de la República, ni el Distrito Federal, tienen facultades para legislar en materia de arraigo.

Con esto las 32 entidades del país se ven obligadas a desistirse de aprobar leyes en la materia.