Invalida Corte reformas al código penal de Veracruz

Los cambios pretendían castigar con “mayor severidad” a los tratantes de personas, por lo que ordenó reponer los procedimientos contra juzgados bajo esas modificaciones.

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas al código penal de Veracruz que aprobó el Congreso de esa entidad, modificaciones con las que se pretendía  castigar con mayor severidad a los delincuentes que se dedican a la trata de personas.

 

El Pleno de la Corte también ordenó reponer los procedimientos contra las personas que comenzaron a ser juzgados bajo esas reformas desde mayo del presente año, por lo que deberán ser procesados bajo el tipo penal previsto en la Ley General vigente al momento de la comisión de los hechos delictivos.

 

Con ocho votos contra tres, los ministros invalidaron los 1, fracción II, y 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley número 821 para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en Veracruz, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 21 de marzo de 2013.

 

El 22 de abril de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los citados preceptos, por estimar que con ellos se habían invadido las facultades de la federación en materia del delito de trata de personas, dado que en ellos se establecieron tipos y sanciones penales, facultad que se encuentra reservada al Congreso de la Unión.

 

El pasado 9 de mayo, fue publicado en el Periódico Oficial de la mencionada entidad el Decreto número 832, por medio del cual se reformó el artículo 8 y se derogaron los artículos 1, fracción II, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, de la ley antes mencionada.

 

La Corte declaró procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad, por lo que invalidó los artículos señalados.

 

La semana pasada, el máximo tribunal de justicia del país ordenó reponer el procedimiento de las personas procesadas de 2012 a la fecha por delitos contra la salud, trata de personas, secuestro y secuestro exprés, en Coahuila y Colima.

 

Lo anterior porque invalidó las reformas realizadas a sus códigos penales con las que se pretendió castigar con más rigor a los delincuentes.

 

El Pleno de la Corte determinó que los diputados locales están impedidos para legislar en materia de delitos contra la salud, secuestro y trata de personas, y no pueden establecer castigos superiores a los que aprobó el Congreso de la Unión.

 

A las legislaturas locales corresponde únicamente perseguir, procesar y castigar estos delitos, por lo que deberán ajustar sus leyes a lo establecido por el Poder Legislativo Federal.