Hidalgo, sin avances significativos en armonizar la Ley de Víctimas

Sin embargo, hay una norma anterior de Protección a Víctimas del Delito para el estado.
Actualmente Hidalgo no cuenta con un registro de víctimas.
Actualmente Hidalgo no cuenta con un registro de víctimas. (Arturo González)

Pachuca

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del gobierno federal señaló que al cumplirse el plazo del 3 de mayo para la armonización de la norma local con respecto a la Ley General de Víctimas, el estado de Hidalgo no ha presentado avances significativos al respecto.

De acuerdo con el estudio presentado por la CEAV (disponible en http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2014/04/Legislaci%C3%B3n.pdf), la entidad no cuenta con una Ley local de Atención a Víctimas.

Sin embargo, Hidalgo cuenta con una norma anterior a la publicación de la LGV, denominada “Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Hidalgo”.

En este rubro, señalan que la “Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Hidalgo” no contempla un catálogo de derechos de la víctima, por lo que aplica de manera supletoria la LGV.

Señalan que a pesar de que el estado no cuenta con una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Procuraduría General de Justicia por conducto de la Subprocuraduría de Atención a la Familia y a la Víctima, es el órgano encargado de brindar las políticas y estrategias necesarias para que la atención y protección se haga efectiva.

Destacan que actualmente Hidalgo no cuenta con un registro de víctimas, además de que se realizó un estudio a la “Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Hidalgo”, de donde se desprende que dicha normatividad omisa en cuanto al registro o a una figura homologa.

Los requisitos con los que deberían cumplir en la legislaciones, según lo establecido en la Ley promulgada en enero de 2013 son: contar con una ley local de atención, haber formado una Comisión ejecutiva de Atención, que ésta se autónoma, contar con comisiones especiales, tener un registro de víctimas, que el registro incluya víctimas de violaciones a derechos humanos, que cuente con un equipo de asesoría jurídica y con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas.

Desde la aprobación de dicha ley a nivel nacional, en mayo de 2013, los gobiernos y congresos locales tuvieron un año para realizar las modificaciones legislativas necesarias, cita el CEAV (antes Províctima); no obstante solo 11 entidades, tienen “avances significativos” en la adecuación de sus normas, aunque en ningún caso se reporta un cumplimiento total.

En un reporte presentado recientemente, señala que Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas no tienen ningún avance en la armonización.

“Para muchos estados es más sano borrar a las víctimas (…) borrarlas pretendiendo que no existen, diciendo que no hay víctimas y las pocas que hay que están ligadas a la delincuencia, es decir, criminalizándolas”.

Además, aseguró que “hay gran indiferencia, indolencia y eso se llama complicidad”, dijo el comisionado Julio Hernández Barros durante la presentación del diagnóstico.

En el artículo 96 de la Ley General de Víctimas se establece que los estados deben tener sus propios registros de víctimas y que están obligados a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información diariamente.

El diagnóstico del CEAV muestra que sólo doce entidades —Baja California, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz— tienen un registro de víctimas.

Claves

Medio cumplen

- Según el informe, en un “mediano cumplimiento están Distrito Federal, Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

- Éste también debe incluir a víctimas de violaciones a derechos humanos —lo que también incluye abusos de parte de autoridades—, pero sólo hay siete entidades con la herramienta de registro.

- Se les podrá hacer un llamado a través del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, pero no existe ninguna consecuencia legal.