Divide a Suprema Corte rastreo de celulares

En la discusión del tema de la geolocalización en investigaciones por delitos como secuestro y extorsión, cuatro de los 11 ministros se pronunciaron hoy a favor.
Extorsión telefónica
En 2012 se aprobaron reformas al Código Federal de Procedimientos Penales para permitir a las procuradurías solicitar la ubicación inmediata de celulares, en investigaciones como secuestro y extorsión.

Ciudad de México

Las reformas que dieron facultades a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las de Justicia de las entidades federativas para solicitar a las empresas telefónicas información en tiempo real, de equipos de telefonía móvil, para la investigación de diversos delitos, comenzó a dividir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Pleno de la Corte inició el estudio del tema de la geolocalización, el cual guarda relación con el problema de inseguridad por el que atraviesa el país, asunto en el cual se confrontan diversos derechos, entre ellos el derecho a la privacidad.

El año pasado, el Congreso de la Unión autorizó al Ministerio Público solicitar información a los concesionarios de telecomunicaciones para actuar de forma más eficaz en los casos que investigan por delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros, extorsión y amenazas.

Sin embargo, algunos ministros dijeron no estar de acuerdo, pues aseguraron que dichas reformas violan los derechos humanos; mientras tanto, otros afirmaron que la afectación del derecho humano a la privacidad de una persona puede servir para un interés público, como es salvar a una víctima de la delincuencia.

La ministra ponente, Margarita Luna Ramos, se pronunció por la constitucionalidad de las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues aseguró que sólo se trata de la ubicación del lugar en que se origina una llamada desde un equipo de comunicación móvil.

Esto "se inserta dentro de las actividades y diligencias propias de la investigación de los delitos que la ley confiere al agente del Ministerio Público, con la sola particularidad que para ello se emplean nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones con las que debe contar el concesionario o permisionario del servicio que tiendan a facilitar y hacer más eficaz, desde luego, la persecución de los delito.

"En estas condiciones, la posible restricción a la vida privada de una persona en mi opinión no se da, no se está pidiendo la localización de la persona ni se está diciendo que a través de ello se logre la intervención de comunicaciones ni siquiera el registro de las llamadas, lo que se está pidiendo simple y sencillamente es que se localice el aparato celular del cual han salido determinadas llamadas que pueden ser o que tienden a la comisión de un delito", expresó.

No obstante, los ministros Sergio Valls Hernández y José Ramón Cossío Díaz dijeron no compartir su posición; pero a la visión de la ministra se han sumado Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Pérez Dayán.