Fiscales pactan unidades anticrimen en todo el país

En asamblea plenaria establecen acciones conjuntas contra tortura, desaparición y secuestro.
Arely Gómez, titular de la PGR, al concluir su participación en la Conferencia Nacional.
Arely Gómez, titular de la PGR, al concluir su participación en la Conferencia Nacional. (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)

México

Las procuradurías y fiscalías de todo el país acordaron implementar protocolos homologados  de investigación de tortura, desaparición forzada y secuestro.

Además, impulsarán la creación de Unidades de Análisis de Información, a fin de dar paso a un sistema de inteligencia criminal.

Durante la clausura de su asamblea plenaria, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia anunció la adaptación del  Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que aplica el Protocolo de Estambul.

De acuerdo con la procuradora general de la República, Arely Gómez, “es el primer conjunto de reglas que tiene por objeto documentar la tortura y sus consecuencias”.

Además, los fiscales acordaron enviar información desagregada en materia de desaparición forzada para la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

El objetivo de ambos protocolos es servir como guía en las distintas etapas de la investigación de los delitos, a fin de evitar la revictimización de las personas y generar estrategias de actuación certera e inmediata en el combate de estos delitos.

La PGR subrayó que el contenido de los documentos se convierte en obligatorio para todos los servidores públicos de las procuradurías y fiscalías del país, a escala federal y local.

Ambos instrumentos están previstos para funcionar tanto en el esquema de justicia penal tradicional como en el nuevo sistema penal acusatorio.

La conferencia de procuradores también conoció el Programa Nacional de Combate al Delito de Secuestro y el Manual Interinstitucional de Actuación en la materia.

Al respecto, Renato Sales, coordinador nacional antisecuestros, explicó que las unidades especializadas contra este delito se fortalecerán para generar grupos de fusión vinculados con el Ejército, la Marina, la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal y la PGR, así como las procuradurías y Secretarías de Seguridad Públicas estatales

Recordó que estos Grupos Tácticos Interinstitucionales ya trabajan en Morelos, Tabasco, Veracruz y Michoacán, donde en 2015 reportan un descenso en la cifra de averiguaciones previas.

Respecto a las Unidades de Análisis de Información, los procuradores acordaron que la PGR  solicite al Consejo Nacional de Seguridad Pública etiquetar recursos para la creación de éstas.

El objetivo de estas unidades será gestionar y explotar la información generada en todas las fiscalías.

Otros puntos

Además, aprobaron mecanismos de colaboración para combatir delitos vinculados con los hidrocarburos, así como para solicitar a los concesionarios en telecomunicaciones información “indispensable y oportuna” para combatir delitos y se comprometieron a revisar el marco jurídico en materia de intervención de comunicaciones, para promover, en su caso, reformas.

Respecto a las bases de datos nacionales de identificación balística y dactilar, los procuradores acordaron solicitar al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) establecer como concepto prioritario del gasto, el costo de mantenimiento preventivo de los equipos que contienen dichos datos.

Arely Gómez dijo a los fiscales y procuradores “que no hay en este esfuerzo colectivo lugar para éxitos personales o divididos: cuando los objetivos se consiguen, el éxito es de todos, por ello, todos somos corresponsables de su consecución”.

Anunció también el acuerdo entre los procuradores para establecer un nuevo método de registro de la incidencia delictiva en el país, que entregan mensualmente los gobiernos estatales al Secretariado Ejecutivo del SNSP.

La procuradora afirmó que esta nueva forma de informar los delitos sienta las bases para una más amplia participación ciudadana, fundamental para ganar la batalla a la delincuencia y la inseguridad pues, recordó, “estamos obligados a informar a la sociedad y al país con certeza y precisión sobre la incidencia delictiva”. 

Primera sentencia

El pasado 18 de agosto, un juez civil dictó sentencia de 31 años y tres meses de prisión contra un subteniente de infantería del Ejército, por hallarlo culpable de desaparición forzada.

Esteban Salinas, juez penal en Nuevo León, estimó que quedó acreditado por la autoridad ministerial que la víctima fue privada ilegalmente de su libertad por el militar el 20 de mayo de 2012

La sentencia fue la primera que se dictó contra un militar por desaparición forzada, cuyo caso tuvo lugar en el municipio neoleonés de Los Herreras. Sigue sin saberse de la víctima.