Federales y comunidades acuerdan vigilar la sierra

Deciden dejar fuera de las acciones a personal de la 35 Zona Militar. Un millar de habitantes de la región exigie el regreso de la paz a las comunidades afectadas.

Guerrero

A 12 días de que se recrudeciera la violencia en la sierra de Guerrero, el gobierno estatal anunció la puesta en marcha de un operativo de vigilancia en los cinco puntos de mayor confrontación.

En las acciones participará personal de la Marina-Armada, de la Policía Federal, de la Policía del Estado y de la Investigadora Ministerial.

No se incluyó a soldados de la 35 Zona Militar, en tanto que los 49 comisarios del área anticiparon que la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) se mantenga como coadyuvante.

El acuerdo se tomó en una reunión que el gobernador del estado, Héctor Antonio, sostuvo con 49 comisarios de cuatro municipios: Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Chilpancingo y Heliodoro Castillo.

La mañana de ayer, un millar de habitantes de la sierra se movilizó en caravana hacia Chilpancingo, tras las confrontaciones armadas en pueblos como Polixtepec, Puentecillas, Ojo de Agua y El Naranjo.

A partir de mañana

La reunión se prolongó durante dos horas, participaron el delegado de Gobernación federal, Éric Castro; el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, y los alcaldes que tienen comunidades afectadas por la violencia, entre ellos Marco Antonio Leyva, de Chilpancingo.

Se trasladaron al Instituto del Deporte y la Juventud, donde los esperaban los integrantes de la caravana, ahí el jefe del Ejecutivo local expuso que, a partir del miércoles se formarán cinco grupos de operación conjunta que vigilarán las inmediaciones de Jaleaca, Chicahuales, Campo de Aviación, Polixtepec y El Naranjo, donde han ocurrido los enfrentamientos de las últimas semanas.

"Vamos a formar cinco grupos de 35 personas cada uno, van a colocarse con la participación de tres entidades de seguridad, 10 efectivos de la Marina, 10 de la Policía del Estado, 10 de la Policía Federal y cinco de la Ministerial, posiblemente ministerios públicos que den fe y levanten actas", explicó.

"Estos cinco grupos van a permitir que se puedan tener 175 personas distribuidas muy cerca, no serán 20 ni 30 personas, eso permitirá que estos grupos busquen a Gilberto Chilapa de León (policía comunitario de la Upoeg) que está desaparecido y que es el primer punto a instalar".

No está considerado el personal de la 35 Zona Militar, aunque el gobernador no lo mencionó, el dirigente de la Asociación de Comisarios por la Paz, Servando de Jesús, informó que la Upoeg trabajará como coadyuvante.

Los representantes de las comunidades acudirán hoy a la delegación de la PGR para denunciar a los presuntos líderes del crimen organizado que han provocado la violencia.

Servando de Jesús anticipó que se incluirán los nombres de los mandos que desarmaron a los comunitarios la semana pasada y los dejaron a merced de un grupo de sicarios.

Astudillo también dijo que se otorgarán medidas cautelares para proteger a los líderes del movimiento, en tanto que los manifestantes de este lunes regresarán a sus pueblos custodiados por personal de la Marina, la PF y policías estatales, para evitar que sufran alguna agresión.

Se espera que en un plazo de diez días haya condiciones para que vuelvan a operar los hospitales de Filo de Caballos y la cabecera municipal de Tlacotepec.

Lucha por el control

Desde hace ocho meses, la Upoeg, fundada en la zona indígena de la Costa Chica, comenzó a penetrar en la sierra, área que ocupa el primer lugar a escala nacional en producción de amapola y que, históricamente, ha sido controlada por el crimen organizado.

En Chilpancingo, vecinos de la zona del Filo Mayor se animaron a dialogar con los medios de comunicación para explicar la razón por la que la violencia se recrudeció en el lugar.

Las mujeres refieren que cuando el grupo predominante era el de Los Rojos, bajo el mando de Leonor Nava Romero, El Tigre, había un clima de relativa tranquilidad.

Sin embargo, a la cabeza de las organizaciones delictivas se posicionó una nueva generación de líderes, mencionaron a Onésimo Castillo, Ángel Villalobos e Irineo Nava Millán, quienes tienen un perfil más agresivo.

"Ellos entran a la sierra y, entre otras cosas, lo que hacen es tratar de sacar a la gente de sus pueblos; en Izotepec (Chilpancingo) hace un año quemaron casas, mataron al comisario y calcinaron a dos muchachos, nosotros bajamos para pedir el apoyo de las autoridades, pero nadie nos hizo caso".

La voz que plantea la situación pidió el anonimato, pero admitió que por desesperación acudieron a la base que la Upoeg tiene en Buena Vista, en la ruta que va hacia el Valle del Ocotito.

"Fuimos a ver a Bruno (Plácido Valerio), le dijimos échenos la mano con comunitarios, porque ya no aguantamos, él nos prestó servicio y se puso un retén en Chicahuales. Hace ocho meses que comenzamos a recuperar la tranquilidad", dice.

Con los resultados observados en la zona de Chicahuales, los comisarios de 40 pueblos comenzaron a organizar reuniones, la dirigencia de la Upoeg los convenció de la necesidad de que integraran sus propias guardias comunitarias y ellos lo aceptaron.

La organización que crecía entre los comisarios alertó a los grupos delictivos que controlaban la zona, lo que derivó en actos de hostigamiento, fue cuando ocurrió el atentado que costó la vida a Joaquín Romero Ríos, comisario de Polixtepec y su segundo, Víctor González Luna, el pasado 5 de noviembre.

"A Joaquín lo mataron solo por acudir a una reunión, eso no se vale".

Dos días después del crimen la Upoeg entró a Polixtepec y se enfrentó con una célula de Los Villalobos, murieron tres presuntos sicarios y siete comunitarios resultaron heridos.