Falta reglamento para repartir recursos de ayuda a víctimas

En 2013 quedaron pendientes por asignar 47 mdp de lo obtenido por decomisos, los cuales están en resguardo de la Tesorería.
Alonso Carriles.
Alonso Carriles. (Javier García)

México

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) no canalizó en 2013 recursos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, debido a la ausencia de un reglamento que lo dotara de esa facultad.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó en su informe de la Cuenta Pública de 2013 que el SAE no canalizó parte de los 125 millones de pesos que obtuvo del decomiso de dinero en efectivo por 160 procesos penales federales.

Alonso Carriles, director corporativo del SAE, explicó la razón por cual los recursos no fueron destinados, como lo detalló la ASF en su informe de la Cuenta Pública.

“Era necesario que se promulgara el reglamento para saber cómo se iba a operar y la constitución del fondo. Era necesaria la certeza jurídica sobre cómo se va a hacer la entrega de los recursos. No es problema del SAE. El SAE ejecuta lo que le es instruido”, explicó.

En entrevista con MILENIO, detalló que los recursos que debían ser entregados a la comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas regresaron a las arcas de la Tesorería de la Federación.

“No se llevó a cabo la repartición de bienes porque era necesario el reglamento y se constituyera el fondo de atención a víctimas que salió en 2014”, y agregó que quedaron pendientes de asignación 47 millones de pesos, pues era posterior a febrero 2013 cuando se aprobó la Ley de Víctimas.

“Los recursos permanecen depositados en la Tesorería y en el momento en que tengamos los elementos jurídicos que nos permitan hacer la entrega como corresponde, así serán entregados”, explicó.

La ASF también encontró “inconsistencias que hacen presumir que el estatus de situación no se encuentra actualizado”.

Entre dichas inconsistencias mencionó que 119 no fueron localizados, de los cuales 56 fueron reportados como faltantes, dos tenían reporte de robo y cinco denuncia penal, en 54 casos se integraba expediente para evaluar acciones legales contra la empresa que los tenía bajo resguardo y en 57 casos aún no se aclaraba la situación jurídica porque se integraban constancias para, de ser el caso, se reporten como bienes muebles siniestrados.

Alonso Carriles aseguró que el SAE tiene control absoluto de los bienes transferidos. “Sabemos en dónde se encuentran. Sabemos lo que nos está llegando todos los días y dónde se localizan. Todo está inventariado”.

“Quien hace esa sugerencia es la ASF que pide al Congreso modificación de ley para que lo deposite a Tesorería y esta haga la dispersión. Hoy se deposita pero el SAE es quien hace la dispersión y el SAE rinde cuentas, sobre lo cual la Tesorería tiene conocimiento. El SAE siempre actúa con la certeza jurídica de la norma que lo rige”, puntualizó el funcionario.