Falta especialización en extinción de dominio

Los bienes que son incautados suelen estar a nombre de terceros, coinciden funcionario de la Fiscalía General del Estado e investigador académico.

Guadalajara

Los agentes ministeriales no están adecuadamente capacitados para proceder contra los grupos delincuenciales

en materia de extinción de dominio de las propiedades incautadas, consideró Dante Haro Reyes, profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara, quien dijo que el espíritu de esta ley pretende beneficiar a la sociedad para reparar los daños ocasionados por los criminales.

 

“Debe de conocerse en mayor medida y con mayor profundidad las bondades, hay un desconocimiento todavía, al menos en la parte técnica operacional, de cómo se puede pedir por parte de operadores locales a nivel municipal y estatal. Desde mi punto de vista, no se ha sabido aprovechar, ha habido una serie de incautaciones y ahí están, hay que darle seguimiento a eso. Aquí el problema es que es más trabajo para el agente del Ministerio Público, y tienen una carga muy saturada. No es una justificación, pero es querer ver las causas de por qué no se le da este seguimiento que debe ser técnico. Debería existir una unidad, o un departamento o una sección que se encargue específicamente de realizar todas esas acciones”, argumentó el especialista.

 

Reflexionando acerca de las estructuras financieras de los grupos criminales, Haro Reyes especificó que suelen usar a terceras personas para incorporar el dinero que han obtenido por medio de actividades ilícitas a la

economía legal, ya sea a través de prestanombres o de empresas fantasma, y es ahí donde deben intervenir agentes ministeriales especializados.

 

“Muchas veces se utiliza la figura de un conocido o un amigo, los bienes están a nombre de estas terceras personas y estas terceras personas tienen que agotar el procedimiento de que no tenían nada que ver. Aquí es donde se pierde, se tiene que demostrar de manera fehaciente por parte de las autoridades que, efectivamente,

hay una relación directa entre el tercero o el prestanombre y el presunto delincuente”, explicó.

 

Al respecto, el director jurídico de la Fiscalía General, Salvador López Jiménez, admitió en entrevista para MILENIO RADIO que los bienes incautados suelen estar a nombre de terceras personas.

 

“El problema aquí que no se ha ejercitado es en razón de no afectar a terceras personas, se han decomisado bienes muebles dentro de bienes inmuebles. Los bienes muebles se le solicita al juez penal que corresponda el

decomiso de los mismos y, respecto de los inmuebles en los cuales procedería la extinción de dominio, no se ha ejercitado precisamente para la salvaguarda de los derechos de terceros. Pero si los bienes muebles hubiesen sido propiedad de los probables responsables, se hubiese ya ejercitado la acción correspondiente”, aclaró el funcionario.

 

López Jiménez agregó que se han iniciado dos juicios para extinguir el dominio sobre fincas, uno en Ocotlán “y otro de otro municipio, no recuerdo ahorita el dato, del interior del estado”, pero no ha concluido el proceso.