GIEI propone nuevos cateos en sitios donde pudieron llevar a los 43

Ángela Buitrago, integrante del GIEI, dijo que la revisión a crematorios de la zona es clave en la investigación; expertos analizan declaraciones de militares de Iguala.

Ciudad de México y Guerrero

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) propuso a la Procuraduría General de la República que se realicen nuevos cateos en los lugares a los que pudieron ser llevados los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

Ángela Buitrago, integrante del GIEI, dijo que la revisión a hornos crematorios de la zona es clave en la investigación, debido a que la PGR sólo encontró bolsas con restos incinerados en el río San Juan, en Cocula.

El GIEI informó que 12 militares declararon ante la PGR sobre los ataques a normalistas en Iguala, las cuales ya tiene y analiza sus dichos ante la autoridad.

"Y ahora se nos han pasado las declaraciones que prestaron posteriormente y vamos a evaluar si sigue siendo necesario tomarles declaración. Si nosotros consideramos que es necesario tomar declaraciones nosotros vamos a insistir en el punto, porque creemos que justamente como lo solicita el secretario (de Gobernación, Miguel Ángel) Osorio Chong se tiene que determinar qué ocurrió y cómo ocurrió y no puede ser que entonces exista al interior del Estado una contradicción tan grande, de que una fuente de información se nos prive como posible línea determinar tanto para la búsqueda como para la investigación", expresó.

Al anunciar el inicio de la segunda etapa de su trabajo de coadyuvancia con las autoridades mexicanas en la investigación, informaron que hasta el momento de realizar el Informe Ayotzinapa no habían tenido acceso a las declaraciones de los militares.

Indicó que el grupo de expertos ha hecho varias solicitudes de información y hasta el momento no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Dijo que desde marzo solicitaron mapas satelitales para determinar si hay fosas o tierra removida en la zona de Pueblo Viejo y La Parota.

Entre las nuevas líneas de investigación planteadas por Francisco Cox, Carlos Beristáin, Ángela Buitrago, Alejandro Valencia y Claudia Paz, quien no estuvo presente en la conferencia, está la del quinto autobús que pudieron haber abordado los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, la evaluación de los teléfonos de los normalistas y los detenidos, nuevas diligencias, peritajes y declaraciones e incluso la evaluación de las denuncias de los detenidos sobre presuntas torturas y malos tratos, mediante el protocolo de Estambul.

Buitrago advirtió que de acuerdo con la ley, las pruebas obtenidas por malos tratos y torturas no podrán ser válidas en un proceso judicial.

Dijo que los expertos para el nuevo peritaje en el basurero de Cocula, donde según la PGR fueron incinerados los 43 normalistas, deben contar con un nivel científico alto y que hayan participado en investigaciones complejas; mencionó que propusieron nueve expertos en la dinámica del fuego y explosivos para el nuevo peritaje, pero no se ha hecho el proceso de selección final.

Buitrago dijo que el GIEI advirtió a la PGR de que no hay una identificación plena, sino parcial sobre los restos enviados a la Universidad de Innsbruck y que indicaron pertenecían al normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz.

Indicó que la PGR debe tener información plenamente confirmada y avisarles a los familiares de las víctimas antes de darla a conocer a los medios de comunicación.

Aseguró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas incumplió el acuerdo que el GIEI y el gobierno federal firmaron, ya que hizo pública información sobre la valoración médica que dos neurólogos extranjeros hicieron a Aldo Gutiérrez, normalista en estado de coma, sin antes avisarles a los familiares.

Mencionó que la segunda autopsia al cuerpo del normalista Julio César Mondragón puede proporcionar nuevos elementos que permitan avanzar en la investigación sobre el caso.

El 28 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió extender el mandato del grupo hasta el 30 de abril de 2016.

Después del primer mandato de seis meses, el GIEI presentó su primer informe el 6 de septiembre en el que rechazó la versión oficial de que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, Guerrero, y planteó la hipótesis de que los normalistas tomaron un quinto camión, que sin saberlo, estaba cargado de droga o dinero del crimen organizado y eso pudo motivar el ataque violento hacia los estudiantes, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

El gobierno federal y el grupo de expertos acordaron cambios en el manejo de la investigación que lleva la PGR sobre la desaparición de los normalistas, además de incorporar los planteamientos que realiza el GIEI en su informe elaborado durante su primer mandato del 2 de marzo al 2 de septiembre.

La CIDH, representantes de los estudiantes y el gobierno federal firmaron en noviembre de 2014 un acuerdo para la formación del grupo de expertos, quienes tendrían como principales actividades la elaboración de planes de búsqueda en vida de los normalistas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas.

Expertos irán a Carrizalillo: padres

Padres de los 43 normalistas desaparecidos informaron que aunque ellos no irán a Carrizalillo para buscar a los jóvenes en las fosas clandestinas halladas por los pobladores, los expertos de la CIDH sí se trasladarán a ese poblado.

Felipe de la Cruz y Melitón Ortega, voceros de los padres, dijeron que en una reunión en la Ciudad de México se decidió que serán los integrantes del GIEI quienes se trasladarán hacia la zona minera del municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

Los padres de los 43 reiteraron su decisión de no ir a Carrizalillo, pero expresaron su agradecimiento a los ejidatarios que los invitaron a buscar a los jóvenes en las fosas de ese poblado.