Divide a ministros rastreo de celulares

La medida permite a las autoridades solicitar a telefónicas información en tiempo real.

México

Las reformas que concedieron facultades a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de Justicia de las entidades federativas para solicitar a empresas telefónicas información en tiempo real, para localizar geográficamente teléfonos celulares en la investigación de delitos graves, dividió la opinión de los mimistros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El 1 de marzo de 2012, el Congreso aprobó que los procuradores pidan información, sin orden judicial, a los concesionarios de telecomunicaciones para actuar rápido en las indagatorias relacionadas con delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros, extorsión y amenazas.

Para ello, modificó los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción I, apartado D y 40 bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

La reforma provocó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusiera en la Corte, el 13 de mayo de ese año, una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones, por considerarlas contrarias a las garantías de legalidad, certeza, seguridad jurídica y derecho a la privacidad.

Las modificaciones a la ley carecen de limitación temporal y otorgan facultad discrecional e ilimitada a los titulares de las procuradurías y no se prevé la intervención de jueces para que autoricen la medida, la supervisen y revoquen en su momento.

Ayer, la Corte comenzó a estudiar el tema, en el que cuatro ministros se pronunciaron a favor de las reformas, mientras que dos más se opusieron, porque dijeron que vulnera los derechos humanos; el próximo lunes, cinco ministros emitirán su opinión sobre el asunto.

Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien apoyó el proyecto de sentencia que presentó la ministra Margarita Luna Ramos, en el sentido de declarar constitucionales las reformas, comentó que la afectación al derecho humano de la persona que va a ser investigada no puede prevalecer sobre el interés público de una investigación de hechos delictivos.

Por su parte, Luna Ramos aseguró que las facultades otorgadas son solo para ubicar el lugar en que se origina una llamada. Esto "se inserta dentro de las actividades y diligencias propias de la investigación de los delitos que la ley confiere al agente del Ministerio Público... En estas condiciones, la posible restricción a la vida privada de una persona, en mi opinión, no se da", expresó.

Sin embargo, el ministro José Ramón Cossío Díaz se pronunció en contra. Manifestó que no podía "aceptar una intromisión en la vida privada de las personas", además de que el proyecto de sentencia está basado "en la distinción de que no estamos frente a actos privativos, sino a actos de molestia", lo cual no debe ser el tema de la discusión.

El ministro Sergio A. Valls Hernández tampoco apoyó el proyecto y declaró que si bien las reformas persiguen un fin legítimo, como es el combate a delitos, dicha medida sí encuadra en la vigilancia de comunicaciones.

"... la ubicación geográfica de ese equipo es, sin duda, una forma en la que podría obtenerse información del individuo, siendo que el derecho a la intimidad y a la vida privada están protegidos por el artículo 16 constitucional", abundó. Tanto Valls como Cossío dijeron que debe prevalecer un control judicial sobre el tema.

Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán manifestaron que la localización geográfica de equipos móviles no tiene la finalidad de acceder a los contenidos de las conversaciones, ni proceder a la identificación específica de una persona, sino a la identificación limitada de un equipo que puede estar relacionado con la comisión de un delito.

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