Detienen a autor intelectual del secuestro del padre Ackerman

Agentes ministeriales detuvieron al autor intelectual del secuestro del sacerdote Juan Carlos Ackerman y también investigan su posible relación en otros dos hechos delictivos.

Tijuana

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo al autor intelectual del secuestro del sacerdote católico, Juan Carlos Ackerman, ocurrido el 15 de octubre pasado y en el que participaron cinco personas más, entre ellos un exmilitar de la armada de Estados Unidos, quienes fueron detenidos desde hace tres meses.

El religioso, hermano del ex delegado de la Secretaría de Economía, Jacobo Ackerman, fue secuestrado en su domicilio y luego trasladado a una casa de seguridad ubicada en la delegación Los Pinos.

El Coordinador de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada, Miguel Ángel Guerrero, identificó al detenido como Carlos Adrián Zavala Durán, quien fue detenido en Mexicali y detalló que también es acusado por otro párroco de haberle robado.

"Ahorita lo que estamos concluyendo es el asunto del padre, estamos cerrando con este sujeto, con el autor intelectual, el del robo con violencia... y estamos viendo la participación en algunos otros dos eventos más, pero aún no podemos establecerlo hasta no fincar responsabilidad de todos los detenidos".

Ackerman fue liberado el 16 de octubre pasado, por agentes de la Policía Municipal tras un enfrentamiento en el que también rescataron a una niña de dos años, cuando sus familiares iban a entregar 10 mil dólares como parte del primer pago por su liberación.

Ahí detuvieron a cinco personas, entre ellos se encontraba un ex militar estadounidense y otro hombre de esa nacionalidad. Además, una mujer a quien autoridades señalaron como responsable de haber participado en dos privaciones de la libertad en tres meses.

El ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alberto Capella Ibarra, identificó en esa fecha a los estadounidenses como Sergio Erick Castañeda, ex militar, y Aníbal Elenes Peña, quienes, dijo, eran investigados por autoridades del Condado de San Diego, California.