Determina Suprema Corte que Encino es del GDF

La SCJN determinó que el gobierno capitalino sólo deberá pagar 95 millones de pesos de los 300 que la empresa Promotora Internacional Santa Fe pedía por la expropiación del predio.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Gobierno del Distrito Federal sólo debe pagar 95 millones de pesos a la empresa Promotora Internacional Santa Fe por haber expropiado el predio conocido como El Encino. (Cortesía)

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Gobierno del Distrito Federal sólo debe pagar 95 millones de pesos a la empresa Promotora Internacional Santa Fe por haber expropiado el predio conocido como El Encino.

Con ello, ratificó la sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado, en la que se estableció que la Administración capitalina debía pagar esos millones de pesos como indemnización por la expropiación de El Encino, tras un litigio de más de 13 años.

Los dueños del inmueble buscaban una indemnización de 300 millones de pesos, pues consideraron que fue ilegal la expropiación y el gobierno sólo quería pagar 65 millones de pesos, por el predio de 13 mil metros cuadrados.

Ahora, que la SCJN resolvió el asunto, la Consejería Jurídica y de Asuntos Legales anunció la inscripción de la propiedad a nombre del GDF en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC).

"Esto sucede después de que el Gobierno capitalino pagara 95 millones de pesos por concepto de daños y perjuicios, ya que la SCJN consideró que la expropiación de este predio se dio fuera del marco constitucional y ante la imposibilidad de regresar el terreno", indicó la Consejería.

"Esta decisión liberaba a la administración capitalina de la pretensión de la empresa Promotora Internacional Santa Fe, S.A. de C.V. de crear un acceso al terreno en cuestión para la construcción de las vías Vasco de Quiroga y Carlos Graef Fernández".

Desde el año 2000, cuando Rosario Robles era jefa de Gobierno, se decretó la expropiación del terreno. Entonces se inició un litigo.

El caso incluso llevó a un juicio de desafuero contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien fue acusado por Procuraduría General de la República de violación a una suspensión de amparo.

Desde 2013, la Administración capitalina realizó los trámites necesarios para llevar a cabo el pago de la indemnización que fue considerada como ilegal.

A través de la Secretaría de Finanzas se realizaron las gestiones para cubrir la reparación del daño, pero los dueños del predio exigieron más dinero.