ONU respalda disolución de autoridades municipales

Antonio Luigi Mazzitelli, representante en México de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dijo que la medida debe ser preventiva y temporal.

Ciudad de México

El representante en México de la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, se manifestó a favor de la desaparición de autoridades municipales cuando se vean infiltrados por el crimen organizado, pero aclaró que debe ser una medida preventiva y temporal.

En el Senado, donde se realizan las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia, el funcionario de la ONU dijo que la aplicación de la desaparición de las alcaldías solo debe realizarse cuando esté perfectamente comprobado el vínculo de las autoridades con la delincuencia.

"La disolución de las juntas municipales debería apuntar a ser una medida preventiva y posiblemente de carácter administrativo y no penal; cuyo objetivo es restablecer las condiciones para que las instituciones puedan cumplir con sus funciones y así proteger, fortalecer los principios democráticos de representación y los principios de la buena administración", dijo.

Mazzitelli señaló que dicha acción, prevista en la propuesta del Ejecutivo federal, debe responder a los criterios de urgencia, ofreciendo por un lado, respuestas a los deberes de la administración ordinaria del territorio; y del otro, al desarrollo eventual de las acciones investigativas y de persecución penal en contra, no de las instituciones, sino de las personas físicas que han sido responsables de la comisión de un acto criminal. La responsabilidad penal es individual, no puede ser institucional".

Ser siempre temporal, en el sentido de fijar de manera muy clara los términos de la intervención y la reprogramación de elecciones locales. La medida es una medida garantista y de eliminar las sospechas (de) que los que han sido elegidos no estén representando o no estén operando para implementar y para defender sus intereses", dijo.

Consideró que se debe sustentar de manera muy clara las decisiones de disolución, comprobando las infiltraciones con indicios concretos, unívocos y relevantes; que puedan atestar la existencia de relaciones directas o indirectas entre administradores públicos y el crimen organizado; y el condicionamiento de las instituciones por parte del crimen organizado.