Corte aprueba juicio contra juez de ‘Michoacanazo’

La Primera Sala determinó que un juzgador en Morelia siga el proceso penal que se inició en 2013 contra Efraín Cázares López, quien liberó a todos los implicados en ese caso.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que un juez federal continúe con el proceso penal que se inició en 2013 contra el ex juzgador Efraín Cázares López, quien liberó a todos los implicados en el caso denominado el "Michoacanazo".

Por unanimidad, la Sala determinó que el juez Primero de Distrito en Morelia, quien hoy ocupa el cargo que antes tuvo Cázares, siga con el juicio por el probable delito contra la administración de justicia.

La Procuraduría General de la República acusó a Efraín Cázares de resolver de manera ilícita los procesos penales de más de 37 personas, entre ellas, 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios (entre ellos el procurador y secretario de seguridad de Michoacán) y un juez estatal que fueron detenidos en mayo de 2009.

Los detenidos supuestamente protegían al líder del cártel de La Familia Michoacana y después fundador de Los Caballeros Templarios, Nazario Moreno González, "El Chayo", y al sucesor de éste, Servando Gómez Martínez, "La Tuta", entre otros.

La liberación de los implicados provocó un enfrentamiento entre la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, porque tras ser destituido Cázares como juez, en octubre de 2012, la PGR solicitó la aprehensión de dos jueces federales y dos secretarios a los que responsabilizó de negar órdenes de aprehensión contra el ex juzgador.

Días después, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, advirtió que no vacilarían en defender a los jueces que sean perseguidos o presionados por hacer su trabajo con apego a la ley.

LA CORTE

El asunto llegó a la Corte, porque Efraín Cázares se amparó alegando que el Consejo de la Judicatura Federal no dio autorización para procesarlo como ordena la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, e incluso se ostentó como juez ante el juzgado Primero, ya que exhibió un cheque de pago emitido por parte del mismo consejo en diciembre de 2012.

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propuso a sus homólogos que no era necesaria la intervención del consejo, para que el juicio siguiera su curso.