Corte pospone discusión sobre caso San Fernando

Por ausencia de un ministro, la Corte pospuso la resolución de si las familias de extranjeros que han perdido la vida en matanzas cometidas en México tienen o no el carácter de víctimas.  
San Fernando, Tamaulipas.
San Fernando, Tamaulipas. (Milenio Digital)

Ciudad de México

La ausencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo provocó, por segundo día consecutivo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazara la resolución de otro tema, esta vez si las familias de extranjeros que han perdido la vida en matanzas cometidas en México tienen o no el carácter de víctimas y si la Procuraduría General de la República (PGR) está obligada o no a entregarles copia de la averiguación previa.

Está previsto que Pardo se reincorpore a sus labores este jueves, tras culminar una comisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, la presencia del ministro es vital ya que con su voto el mañana el Pleno definirá si es constitucional o no la ley que establece la "opción" a los autistas para solicitar certificados de habilitación para demostrar que pueden ejercer un trabajo.

En la sesión de hoy, pero de la Primera Sala, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea pidió posponer la discusión del amparo promovido por las salvadoreñas Bertila Parada de Osorio y Alma Yesenia Realegeño Alvarado y/o Alma Yeassenia Realegeño Alvarado, quienes buscan que la PGR les reconozca el carácter de víctimas, luego de que los restos de su hijo y hermano, respectivamente, fueron localizados entre las víctimas halladas en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, en 2011.

El proyecto de este asunto fue elaborado por el ministro Pardo, y en propone amparar a las mujeres. De ser apoyada la propuesta, la Corte sentará un precedente histórico, porque abriría la puerta a los extranjeros para demandar a la PGR el carácter de víctimas y que se les permita el acceso a los expedientes que integra en torno a las matanzas ocurridas en nuestro país.

Piden replantear proyecto

Sergio Méndez Silva, abogado de las centroamericanas, pidió al ministro Pardo replantear su proyecto de sentencia, pues aunque reconoce el derecho de víctima, de Yesenia, no le reconoce otros derechos a Bertila Parada, entre ellos, porque se le impone la carga procesal y no se le respetó su derecho a la no cremación de los restos de su hijo Carlos Alberto Osorio Parada.

"La idea del proyecto es que la señora Bertila probara que existía la orden de cremación, porque la PGR niega su existencia; en lugar de revertir la carga de la prueba al Estado, porque es el Estado quien está en mejor condición de probar que no ordenó la cremación. Ese tipo de elemento nos parece preocupantes, porque también excluye a la Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho", expresó.

Por su parte, Bertila Parada dijo que tiene más de cuatro años demandando la calidad de víctima, pero la PGR le exige pruebas, cuando el crimen se cometió en México.

Se quejó del trato de las autoridades mexicanas, porque no les han dado información y mucho menos mostrar los expedientes que integró la PGR sobre las matanzas en San Fernando "y han puesto muchos tropiezos a la Fundación para la Justicia", la cual la representa en México.

Las víctimas abandonaron El Salvador, cada quien por su parte, el 17 y 19 de marzo de 2011, con la intención de llegar a Estados Unidos.

El 14 de diciembre de 2012, personal de la Procuraduría General de la República se puso en contacto con Bertila Parada, por medio de la Cancillería de El Salvador, para informarle que su hijo había fallecido en nuestro país, por lo que era necesaria la firma de algunos documentos para la repatriación de su cuerpo, sin que se le hubiera mencionado cómo fue encontrado o en qué condiciones había muerto.

El 19 de febrero de 2013, personal de la Cancillería de El Salvador, le indicó a la madre que debía acudir a firmar su conformidad con la cremación de los restos de su hijo, a lo cual Bertila manifestó que no se encontraba de acuerdo, al no saber en qué circunstancias falleció.

El 3 de julio de 2012, Alma Yesenia recibió un citatorio por parte de la PGR, por medio de la Cancillería de El Salvador, a efecto de que ella y sus padres se presentaran en las instalaciones de la misma, para que observaran unas fotografías sobre el presunto cuerpo de su hermano Manuel Antonio Realegeño. De igual manera, se les solicitaron muestras de ADN, para en su caso poder llevar a cabo una comparación e identificación de perfil genético.

Tanto la madre como la hermana, presentaron un escrito el 20 de febrero de 2013, en el cual solicitaron que la PGR les reconociera el carácter de víctimas dentro de las investigaciones ministeriales de San Fernando Tamaulipas y se les expidiera copia de toda la información y dictámenes periciales que obraran en poder de las autoridades ministeriales, haciendo énfasis en que se les informara sobre las circunstancias en que sus familiares habían fallecido.