Hubo fallas y omisiones en investigación de caso Iguala: CNDH

En el documento "Estado de la Investigación del Caso Iguala", la comisión pide a la PGR realizar una adecuada reconstrucción del ataque y desaparición de normalistas.
Durante la presentación del documento "Estado de la Investigación del Caso Iguala", de la CNDH.
Durante la presentación del documento "Estado de la Investigación del Caso Iguala", de la CNDH. (CNDH)

Ciudad de México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenció las fallas en las investigaciones de la Procuraduría General de la República sobre el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero.

Además de la falta de atención a las víctimas y omisiones en las diligencias ministeriales a nivel federal y local, dijo el presidente de la CNDH, Luis González Pérez.

Durante la presentación del documento "Estado de la Investigación del Caso Iguala", de la CNDH, el ombudsman nacional expresó que la agresión contra los estudiantes representa "el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos de cuantos haya memoria reciente".

El ataque de policías municipales de Iguala y Cocula contra los normalistas visibiliza el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, dijo Luis González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El ombudsman explicó que la comisión hizo 32 observaciones y propuestas a autoridades de los tres niveles de gobierno, mientras que el compromiso y la obligación de la CNDH es intensificar su trabajo y esfuerzo. Su premisa es "que estos horrores no se repitan jamás".

En las observaciones detalladas en el documento, la CNDH pide a la Procuraduría General de la República realizar una adecuada reconstrucción del ataque y desaparición de los estudiantes, como parte de las investigaciones.

"Del expediente (de la PGR) se advierten recreaciones individuales de un segmento de la 'Ruta de desaparición' de acuerdo a testimonios singulares de algunos involucrados, diligencias aisladas que, a juicio de esta Comisión Nacional no reúnen los requisitos legales para estimarlas como una reconstrucción de hechos", se lee en el documento.

Otra observación es que las víctimas no han recibido toda la atención y apoyos a los que tienen derecho recibir.

Es la primera vez que una entidad oficial exhibe las carencias de una investigación que, según el ejecutivo, era la más grande nunca realizada en México.

La Comisión señaló en el informe que no fueron interrogados 16 individuos presuntamente involucrados, vecinos a los que pidieron escondite los estudiantes al intentar huir del ataque, policías federales, 9 militares —los que recibían la información del "acontecer diario" y los que se trasladaron a algún lugar de los hechos—, y de los buzos que hallaron la bolsa de plástico en la que, supuestamente, estaban los restos óseos y el hueso del único estudiante identificado.

Además, sugiere varias líneas de investigación que podrían conllevar la participación de nuevos actores en los sucesos del 26 de septiembre, como otras "corporaciones de seguridad pública municipal", y de nuevos escenarios donde tuvieron lugar las desapariciones o crímenes de esa noche y pide seguir el rastro del dinero del crimen organizado en la zona.

El presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, indicó que el objetivo del documento es "alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos de Iguala, requisito indispensable para materializar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia".

A su juicio porque se ha hecho "evidente" el rompimiento del Estado de Derecho, la alianza entre el crimen y el poder, entre la delincuencia y la autoridad en México. "No es momento de callar ni olvidar", subrayó.

Afirmó que "el caso Iguala ha probado el grado de barbarie al que se ha llegado, el abandono de la ley y el olvido de la justicia" y pidió que se reactive la búsqueda de los jóvenes.

Las "observaciones y propuestas" que la Comisión hace a la Procuraduría General de la República evidencian todo lo que la fiscalía no hizo. "Todo esto que se comentó ahora no está contenido en los expedientes y por tanto desde nuestra perspectiva no se ha realizado y son diligencias importantes", indicó González Pérez.

Entre ellas están cuestiones aparentemente básicas para poder confirmar o no el basurero como el lugar donde presuntamente asesinaron a los jóvenes o para establecer la "ruta de la desaparición" que podría no ser la descrita hasta ahora por las autoridades, según se desprende del documento del ombudsman.

Por ejemplo, la Comisión pide localizar cuatro teléfonos celulares desde los que se hicieron llamadas o se pusieron mensajes esa noche y hacer peritajes a 8 camisetas, un suéter y un pañuelo encontrados cerca de uno de los ocho autobuses en los que viajaban los estudiantes, una de las cuales tiene "indicios biológico" y manchas de lo que parece sangre.

Con este análisis "podría probarse la presencia de algunos desaparecidos" en ese lugar, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, y si la sangre no es la de ninguno de los jóvenes se debería confrontar con los perfiles genéticos recabados en otros "autobuses, patrullas y demás vehículos relacionados con los hechos" ya que la persona a la que correspondan "probablemente estuvo en el lugar señalado el día y a la hora que ocurrieron los hechos".

La entidad de derechos humanos también sugiere: pedir los partes meteorológicos de la fecha para saber si llovió en la zona del basurero de Cocula donde, según la versión oficial, fueron incinerados los jóvenes en una hoguera que estuvo horas encendida; mostrar a las familias objetos personales encontrados en el basurero para ver si los identifican; hacer peritajes balísticos de los casquillos encontradas en ese lugar; y determinar si los restos de tierra hallados en las bolsas localizadas en el río coinciden con la que hay en el basurero.

El ombudsman pide también investigar a fondo la estructura del crimen organizado en la zona, no solo al grupo de Guerreros Unidos, sino también a sus enemigos, Los Rojos, y seguir el rastro del dinero, es decir, indagar más en cualquier delito vinculado a "operaciones con recursos de procedencia ilícita" llevadas a cabo por cualquier autoridad o funcionario involucrado.

También pide reanudar la búsqueda de los jóvenes, teniendo en cuenta las versiones que dicen que podrían estar en la sierra, otras que ubican a un desaparecido con vida en Apango —una localidad a 30 kilómetros de la escuela donde estudiaban los muchachos— y otra teoría que habla de un posible "autosecuestro" de los estudiantes.