Cárceles de México están lejos de la readaptación social

Un aspecto importante en la crisis carcelaria es la relación reclusos-custodios a escala nacional, pues por cada nueve presos hay un vigilante, alertan especialistas.
El costo de manutención para cada reo fue de 52 mil pesos en promedio.
El costo de manutención para cada reo fue de 52 mil pesos en promedio. (Roberto Alanis)

México

Las cárceles mexicanas enfrentan la sobrepoblación, la corrupción, el control de grupos delictivos y la ausencia de la ley, lo que las aleja de su objetivo primordial: la readaptación social, alertaron especialistas en un foro realizado por la UNAM.

Francisco Rivas Rodríguez, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que con base en datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 88 por ciento de los penales estatales y 45 de los federales no separa a sentenciados de procesados.

Además, indicó que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social en 2014 registró mil 471 riñas, de las cuales 692 fueron en los ceresos y 779 en los ceferesos.

En la mesa Homicidios en Centros Penitenciarios, realizada en el Institituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el investigador recordó que algunas (riñas) fueron cruentas, como la reciententemente ocurrida en Topo Chico, con 49 internos fallecidos; también recordó la de Apodaca en 2012, Ciudad Juárez en 2011 y Tijuana en 2008.

En el caso de la sobrepoblación, el especialista refirió que a finales de 2014 había 223 mil 656 presos en 269 edificios para albergar a 173 mil 400 camas. En al menos 23 entidades, expuso, el número de internos rebasaba la capacidad instalada, por ejemplo, Nayarit excedía 117 por ciento, Estado de México 126 por ciento, Hidalgo 100 por ciento, Jalisco 82 por ciento y Durango 58 por ciento.

Aunado a ello, señaló Rivas Rodríguez, el costo de manutención para cada reo fue de 52 mil pesos en promedio.

"En ese lapso, al cruzar los datos de la población carcelaria en el país y los presupuestos estatales, se aprecia que en los dos extremos del espectro están Guanajuato y San Luis Potosí, pues el primero destinó 135 mil pesos por sujeto y el segundo apenas 7 mil", manifestó.

Otro aspecto importante en la crisis carcelaria es la relación reclusos-custodios a escala nacional que señala que por cada nueve presos hubo un vigilante. Quintana Roo fue el estado con menos, al tener uno por cada 36 convictos y Guanajuato el que más, con 10 guardianes por cada 30 reclusos.

"Los delitos, en su mayoría, han sido sancionados con encarcelamiento, pese a que hay mecanismos, como la pena pecuniaria en su especie de multa y trabajo comunitario, así como otras estrategias a las que no se acude tradicionalmente", señaló.

En tanto,María Sirvent, de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Soial, señaló que México ocupa el sexto lugar global por el tamaño de su población penitenciaria, atrás de Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil.

"Aquí, 44 de los privados de su libertad ingresa sin condena. De esta manera, el sistema enfrenta dos problemas estructurales: superpoblación y uso desproporcionado de la prisión preventiva", indicó.

Miguel Sarre, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, consideró que para cambiar estas condiciones es indispensable el cumplimiento de la ley al interior de los centros de reclusión, así como el trabajo de los jueces de ejecución penal para que cumplan con su función constitucional y garanticen el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Capacitación

Con el propósito de fortalecer las capacidades en materia penitenciaria, 181 servidores públicos concluyeron el primer curso nacional sobre el Protocolo de Primer Respondiente, impartido por la Comisión Nacional de Seguridad, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Oadprs).

La capacitación y profesionalización tuvo como finalidad que los participantes conozcan los principios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y los alcances del mencionado Protocolo Nacional, el cual señala cómo debe de actuar un elemento de guarda y custodia cuando se presenten hechos delictivos al interior de una cárcel, ya sea federal, estatal o municipal.

Entre las actividades impartidas, también se ofrecieron talleres prácticos consistentes en la simulación de hechos delictivos en espacios abiertos y cerrados.

El curso se realizó en las instalaciones de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, en Xalapa, Veracruz, donde los representantes de las instalaciones penitenciarias federales y de los sistemas penitenciarios de 19 entidades acreditaron 84 horas sobre el Sistema Penal Acusatorio y el Protocolo Nacional de Primer Respondiente.

La instrucción fue impartida por el grupo de formadores del Oadprs, docentes certificados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.