Campa: la gente confía en las fuerzas armadas

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación afirma que en Chihuahua, de ocho temas que revisaron con grupos civiles, en siete la población solicitó que hubiera patrullajes castrenses.
El subsecretario de Gobernación en la entrevista con Carlos Marín.
El subsecretario de Gobernación en la entrevista con Carlos Marín. (Martín Salas)

México

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, afirmó que según sondeos de opinión, la población confía en las fuerzas armadas, aunque al mismo tiempo las descalifica.

En entrevista con Carlos Marín para El Asalto a la Razón, el funcionario señaló: “Son ellos (los militares) quienes intervienen en terreno nacional todos los días, en las regiones más complejas del país.

“Por ejemplo, en Chihuahua sostuvimos una reunión con organizaciones de derechos humanos y revisamos ocho asuntos. Uno de ellos el de Nitza Paola Alvarado, que presuntamente es un caso de desaparición con probable participación de militares. Pero los otros siete casos están relacionados con protección a comunidades y defensores, donde la gente ha solicitado patrullajes del Ejército que, finalmente, es el único con capacidad para atender estas funciones”, manifestó.

El funcionario destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha mostrado disposición para investigar y, en su caso, sancionar a aquellos elementos que hayan incurrido en acciones irregulares durante su labor, en casos como los ocurridos en Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

En el caso de Calera, abundó, la Sedena reconoció lo ocurrido, aunque en Ostula y Tlatlaya las investigaciones continúan.

Destacó que el Ejército admitió desde el primer momento lo ocurrido en la desaparición de siete civiles en Zacatecas, por lo que solicitó investigar a los responsables a fin de que sean sancionados por un tribunal civil y no militar, como indica la ley en esas situaciones.

En el caso de Ostula, donde murió un niño en una balacera, el funcionario explicó que la semana pasada sostuvieron una reunión con esa comunidad, en la que estuvieron presentes el subsecretario del Gobierno del estado, el procurador de Justicia y el delegado de la PGR.

Los acuerdos logrados, abundó, fueron: profundizar la investigación de los hechos, determinar la situación jurídica de su dirigente Cemeí Verdía y brindar atención a las víctimas en los aspectos médico, psicológico y legal.

“Hasta el momento sabemos que todas la heridas fueron generadas por esquirlas y rebotes de balas, más no por proyectiles completos”, indicó.

Precisó que en este caso, a diferencia del de Zacatecas, la información es que los disparos vinieron de un grupo distinto al Ejército, “por eso creemos que ellos no fueron los responsables, porque nos estamos basando en los testimonios y las declaraciones que integran el expediente”.

Sobre el caso Tlatlaya (donde causó polémica el significado del término “abatir” incluido en la orden del mando militar a las tropas destacadas ahí), Campa explicó que “es un término impreciso y lo que tenemos que hacer es entender el significado completo de esa orden, y para ello hay que revisar todo el documento.

“La Sedena sabe de la necesidad de prescindir de cualquier concepto equívoco. El documento dice que esa ordenanza, la anterior, y la que sigue, son para proteger a la sociedad civil durante enfrentamientos con delincuentes”, dijo.

Con relación al caso Iguala, reiteró que en toda la información disponible “no hay una sola referencia que vincule al Ejército en los hechos.

“Conviene decir que los elementos del 27 batallón declararon como testigos y la CNDH pidió ampliar algunas declaraciones. El informe de la comisión es serio, sólido y además de las recomendaciones que emitió, reconoce la dificultad de atención a estos puntos para recomponer la relación con las familias de Ayotzinapa”, afirmó.

Asimismo, señaló que a la fecha continúan las dificultades para concluir algunas diligencias, como conocer con precisión qué hacían los 43 jóvenes en Iguala.

“Hay cinco expertos de la OEA que realizaron un informe del caso. Su lectura nos advierte seriedad para no dejar ningún cabo suelto sin investigar. Pero a la fecha, la línea de investigación que se sigue es la que dio a conocer el ex procurador Murillo Karam”, apuntó.

Sobre la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el subsecretario reiteró que el gobierno federal no tiene ninguna intención de responsabilizar a los derechos humanos por un tema de privacidad. Por último adelantó que en breve concluirán y darán a conocer el reglamento a la ley de protección a los niños, niñas y adolescentes.