Cambiarán a reos peligrosos y buscan agilizar liberaciones

Culpa el fiscal general de Jalisco a la pasada administración por autogobierno.

Guadalajara

Los ocho meses que le restan al año serán trascendentales para el sistema penitenciario en el estado, al cual pretenden sacar de la crisis en la que se sumergió a raíz del autogobierno registrado en el complejo penitenciario de Puente Grande y la sobre población que ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades; la estrategia es la modernización y la disminución demográfica de reos, todo a corto plazo.

Guadalajara fue sede de la XIII Conferencia Regional del Sistema Penitenciario con la presencia de los titulares de Centros Carcelarios de la Región Occidente y funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad, así como del Secretario Técnico de la conferencia, Eduardo Guerrero Durán, y en sus foros, se abordaron temas relacionados a derechos humanos, sobre población, modernización y otros. 

Fue el fiscal del estado, Eduardo Almaguer, quien habló sobre la situación que guardan los centros penitenciarios en Jalisco, especialmente Puente Grande,
que será sujeto en “las próximas semanas” a un proceso de disminución de población mediante dos estrategias, una de ellas es traslado masivo de reos de alta peligrosidad a prisiones federales, “estamos planteando el traslado de reos peligrosos cuyo número no podemos precisar” y el análisis de los casos de  primo delincuentes y quienes se encuentran purgando pena por delitos menores y que por un buen comportamiento puedan ser puestos en libertad.

Lo anterior, así como el traslado de mil reos al Reclusorio Metropolitano, forma parte de la estrategia para reducir la población que actualmente supera los 7 mil presos, aún cuando Puente Grande tiene infraestructura para albergar a 2 mil 300.

“La Administración del anterior gobierno entregó a particulares la administración de los centros de venta y distribución de productos, así como permitió la
consolidación de un grupo de internos que trata de someter a otros internos a reglas propias”, cosa que dijo, no van a permitir.

El plan de intervención que anunció el fiscal incluye también la modernización de algunos centros penitenciarios, con renovación de iluminación, modernización de las aduanas y mejoras en el sistema de cámaras de vigilancia, “tiene que ver con el arreglo de toda la infraestructura, inclusive la colocación de concreto en áreas verdes del Reclusorio Metropolitano que nos permita poder utilizar otra área y trasladar ahí a cerca de mil internos”.

Estas acciones fueron calificadas como urgentes, y se dio a conocer que un total de 800 efectivos entre policías estatales, ministeriales y elementos del Ejército, han participado en los operativos al interior de Puente Grande, pero se mantuvo firme en señalar que no existe autogobierno dentro del penal debido a que “todos son internos que deben cumplir reglamentos y acatar disposiciones”.

Resaltó también que ninguna entidad de la república “se ha animado” a entrar y hacer revisión en los reclusorios, que tiene por objeto evitar que grupos de
reos controlen las actividades que se desarrollan dentro de los mismos y que ocurrió por una inadecuada actuación de antecesores.

Algunos de los resultados sobre la estrategia que planea la fiscalía se deben concretar en cuestión de semanas, según lo dio a conocer el funcionario estatal, otros, en el transcurso de meses, pero todo antes de que concluya 2016.