Pide la CNDH cambiar las reglas penitenciarias

Destaca que el Estado mexicano debe orientar sus acciones para favorecer la reinserción social efectiva como finalidad de la pena.
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(Milenio Digital)

México

En atención a la situación que priva en el sistema carcelario mexicano, la CNDH emitió el pronunciamiento sobre clasificación penitenciaria para impulsar las acciones de protección y observancia plena de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, tendentes a asegurar su reinserción social efectiva.

Puntualizó que para la clasificación penitenciaria, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, hay cuatro criterios base: por situación jurídica (procesados y sentenciados), por género (hombres y mujeres), por edad (adultos y menores de edad) y por régimen de vigilancia (delincuencia organizada y delincuencia convencional), cuyo fin es la separación de los internos.

La CNDH destacó que el Estado debe orientar sus acciones a favorecer la reinserción social efectiva como finalidad de la pena y garantizar el goce pleno de los derechos previstos para las personas privadas de la libertad, siendo uno de ellos la vinculación con su entorno familiar y social, como factores coadyuvantes, de conformidad también con lo señalado en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de la ONU, que desde 1957, y las reglas Mandela, de 2015, así lo consignan.

En ese documento se aborda el tema relativo a la clasificación de la población interna, señalando que el fuero federal o estatal no debe constituir una categoría de clasificación y que la excepción a este criterio es solo la prevista en el artículo 18 constitucional, que consigna la existencia de centros especiales, tanto para la reclusión preventiva, como para la ejecución de sentencias tratándose de delincuencia organizada y para aquellos internos que requieran medidas especiales de seguridad.

En este sentido, la CNDH aseveró que la clasificación de la población penitenciaria con base en el fuero carece de sustento normativo, dado que no se prevé éste como criterio en normatividad alguna y, por el contrario, la Constitución favorece la cercanía a la familia a través de la celebración de convenios para establecer el internamiento en jurisdicción diversa, como mecanismo para garantizar el derecho a la reinserción social.

De igual forma señala la necesidad de realizar la clasificación por situación jurídica, género y edad en todos los centros penitenciarios, destacando que en la República mexicana existen casi 400, administrados tanto por autoridades municipales, como por estatales y federales, observándose una inadecuada clasificación que conlleva a la existencia de aspectos que dificultan la reinserción social efectiva, tales como el alejamiento de su entorno familiar, hacinamiento y deficiencia en cuanto a una estancia digna y seguridad, entre otros.

El diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2014 de la CNDH fue aporte fundamental para el pronunciamiento sobre clasificación penitenciaria, el cual se trabajó en centros de las 32 entidades, en los cuales se evidenció que en 88 por ciento de los centros estatales y en 45 por ciento de los federales supervisados persiste la falta de una adecuada clasificación por la no correspondencia al mandato constitucional, ni a los estándares de la ONU.