Autoridades “olvidan” extinción de dominio

Desde agosto de 2011 no se han iniciado procesos para que el gobierno se adjudique muebles o inmuebles que hayan sido instrumento de un delito.
En mayo del año pasado, la Fiscalía General del Estado implementó un operativo para el decomiso de autopartes.
En mayo del año pasado, la Fiscalía General del Estado implementó un operativo para el decomiso de autopartes. (Cortesía Fiscalía General del Estado)

Guadalajara

La Ley de Extinción de Dominio del Estado de Jalisco entró en vigor desde el 14 de agosto de 2011, impulsada desde el Gobierno Federal con la intención de afectar las finanzas de los diferentes grupos del crimen organizado, sin embargo, en la entidad no se ha iniciado un solo juicio por esta causa.

De acuerdo al oficio FG/UT/1249/2014 –promovido a través de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado– las autoridades informaron que “a la fecha [30 de abril] no se ha ejercitado acción de extinción de dominio respecto de algún bien o inmueble, lo anterior, en razón de que ninguna solicitud ha cumplido hasta el momento con los requisitos establecidos por los artículos 21 y 22 de la citada ley”.

En mayo del año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) implementó un megaoperativo en la zona de 5 de Febrero para decomisar las autopartes de dudosa procedencia, en ese entonces, el titular de la corporación, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, concedió una entrevista para MILENIO RADIO, en la que aseguró “estamos trabajando también en que las fincas donde fueron decomisados estos bienes ilícitos pasen al régimen de extinción de dominio, eso lleva su tiempo”.

En el artículo 21 de la Ley de Extinción de Dominio de Jalisco se especifica que “en caso de tener elementos suficientes y una vez integrado el expediente, presentará la demanda dentro de los 30 días siguientes a la integración, acompañando las constancias y elementos de convicción aportados por el denunciante y de los que él mismo se haya allegado”.

Mientras que en el artículo 22, se señala que el agente del Ministerio Público deberá aportar las pruebas necesarias para acreditar que la propiedad o los bienes que estén relacionados con la comisión de un delito, además, en el artículo 18 de la misma ley se anota que la autoridad ministerial debe actuar de oficio, pues “cualquier persona que tenga conocimiento  sobre la existencia de bienes que puedan ser objeto de extinción de dominio podrá presentar denuncia anónima o por comparecencia”.

La Ley de Extinción de Dominio es una herramienta jurídica creada con la finalidad de afectar la estructura financiera de las organizaciones criminales, ya que con ella se logra que las autoridades se apropien de bienes que directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto de un ilícito.

El Gobierno del Distrito Federal fue la primera autoridad en utilizar esta herramienta jurídica en 2009 y hasta 2012 había presentado 113 juicios por esta causa, según consta en las estadísticas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

De qué se trata la ley

En 2012, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Extinción de Dominio en la que se señala que se aplicará en los casos en los que se involucre a la delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas

La propiedad será objeto de extinción de dominio si el dueño tuvo conocimiento de los delitos que ahí se cometían y no notificó a las autoridades