Aprueban ley para uso de la fuerza pública en SLP

El diputado Ramón Guardiola dijo que la diposición que plantea el uso de las armas de fuego como una alternativa extrema, se creó para evitar excesos y violaciones a los derechos humanos.
Los elementos policíacos deberán usar las armas de fuego como último recurso.
Los elementos policíacos deberán usar las armas de fuego como último recurso. (Imelda Torres)

San Luis Potosí

El Congreso del Estado aprobó expedir la “Ley que Establece los Principios para el Uso de la Fuerza Pública para el Estado de San Luis Potosí” que incluye, entre otros puntos, que el uso de las armas de fuego será una alternativa extrema y excepcional y que por lo tanto las autoridades y cuerpos de seguridad las utilizarán únicamente como último recurso.

Ramón Guardiola Martínez, diputado que promovió la iniciativa dijo que esta se creó con el propósito de evitar excesos y violaciones a los derechos humanos durante las acciones en el combate a la comisión de delitos.

“En la actualidad han surgido diversos episodios de abuso de poder y de la mala aplicación en el uso de la fuerza, por lo que es necesario adoptar y aplicar las normas y disposiciones de los gobiernos, por lo que los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego”, expresó.

Añadió que esta nueva legislación plasma lo que debe entenderse por uso de la fuerza; sus principios para aplicarla, quiénes la pueden aplicar, y, en qué circunstancias; la capacitación de las autoridades y los cuerpos de seguridad en el uso de las armas letales y no letales; la indemnización de aquéllas personas a las que se les cause daño o afectación en sus bienes o persona con motivo del uso ilegítimo de la fuerza pública; y los derechos del policía.

Entre las disposiciones se encuentra establecido que el uso de las armas de fuego será una alternativa extrema y excepcional, por tanto, las autoridades y cuerpos de seguridad las utilizarán únicamente como último recurso, y sólo en caso de que otras medidas resultaran insuficientes; por lo que su uso deberá ser siempre racional, procurando no ejercerlo de manera letal.

Establece también que en ningún caso las autoridades y cuerpos de seguridad podrán emplear el uso de la fuerza o de armas de fuego con los siguientes fines: correctivos, disciplinarios o de castigo, y para infringir actos de tortura.